Pasaron 20 días para que las amenazas del Bloque Occidental de las Águilas Negras contra líderes sindicales del Pacífico dejaran de ser palabras para convertirse en hechos. El pasado 2 de agosto esta banda criminal dejó un panfleto amenazante en la casa del abogado Dinectry Andrés Aranda Jiménez, en el que lo declaraban objetivo militar junto a cuatro líderes más.
Desde 2019 Aranda Jiménez se ha desempeñado como abogado de sindicatos de trabajadores públicos en Buenaventura, Valledupar, Pradera, Cali, Caloto, San Pedro y Montería. Debido a su labor se le ha reconocido como un líder de las organizaciones sindicales en los departamentos del Cauca, Valle, Córdoba y Cesar, donde ha adelantado procesos judiciales en representación de los afiliados de las diferentes asociaciones sindicales, además, ha brindado capacitaciones en temas relacionados.
Por motivo de las constantes amenazas de las que ha sido objeto y que ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación desde el 15 de junio, el abogado sindical tomó medidas para cuidar su vida. Su esposa, Eliana Reyes Orozco quien trabaja con él, fue la víctima directa de un atentado el pasado domingo 21 de agosto, perpetrado por dos hombres armados.
Los hechos se presentaron cerca de las 8 de la mañana del pasado domingo en el barrio Floralia de Cali. Desde que las amenazas contra su esposo se hicieron más constantes, Reyes Orozco era la persona que estaba saliendo de la casa para hacer los trámites relacionados con las denuncias que presentan.
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Ese domingo, la mujer de 33 años de edad se dirigía al municipio de Vijes (Valle), con el fin de recoger unos documentos de un cliente, cuando en el sector conocido como ‘siete curvas’, fue interceptada por dos hombres que conducían una moto de color rojo con negro.
“El parrillero se queda mirándome y le toca la espalda al conductor, disminuyendo la velocidad y ubicándose cerca de mi ventana. El parrillero saca un arma de fuego, al ver esto yo acelero y en ese momento escucho dos disparos”, se lee en la denuncia presentada por Reyes Orozco el 21 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación.
Para el matrimonio Aranda - Reyes esta es una situación muy difícil. “Sentimos mucho miedo, físicamente estamos bien, pero emocionalmente estamos muy afectados. Tomamos medidas como alquilar carros y salir en horas y días variables, sin embargo, no sirvieron porque el domingo la ubicaron”, le contaron a Infobae Colombia.
Tanto para Andrés como para Eliana, el atentado del que fue víctima la mujer está totalmente relacionado con el panfleto recibido a principios de este mes por parte de las Águilas Negras. “Mi esposa trabaja conmigo, viajaba conmigo y la conocen públicamente cómo mi esposa y que trabajamos juntos”.
Para el abogado Aranda Jiménez las amenazas en su contra se empezaron a intensificar desde que empezó a presionar para que dejaran en firme una sentencia en Buenaventura.
“Solicité pruebas de contratos entre la Gobernación de Córdoba y las presuntas empresas de seguridad privada que contrataron para la vigilancia de los colegios públicos, paralelamente solicite pruebas en el municipio de Guachené y Pradera, enfocados a representar los derechos laborales de las personas nombradas en provisionalidad”, le comentó a este medio de comunicación.
El 18 de agosto de 2021, Dinectry Andrés Aranda Jiménez demandó al Distrito de Buenaventura ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, para que se declarara la nulidad del Decreto 669 del 25 de junio de 2018, “Por medio del cual se ajusta la planta global de cargos de la Alcaldía Distrital de Buenaventura”.
El primer punto que presentó el abogado para tener un fallo a su favor fue que el Concejo Distrital de Buenaventura expidió el Acuerdo No. 02 del 14 de mayo de 2016, por medio del cual le otorgó facultades Pro Tempore al alcalde distrital para modernizar la administración, concediéndole, además, un término de 12 meses para ejecutar el mencionado encargo, sin embargo, por no cumplir con lo encomendado, se prorrogó el plazo.
Otra de las irregularidades que encontró el abogado, que hoy en día tuvo que salir de la ciudad, junto a su esposa, por miedo a perder su vida, fue que la Planta de Personal del Distrito de Buenaventura establecida en el Decreto No. 669 del 25 de junio de 2018, no es la misma que se adecuó en el Manual de Funciones, pues, los cargos de agentes de tránsito son 60 y el Manual de Funciones solo reporta 55, respecto de los trabajadores oficiales establecieron 38 y en el Manual de Funciones solo definieron 29.
Desde que se han presentado las amenazas, primero por vía telefónica, luego por un panfleto y ahora por vías de hechos, las autoridades colombianas no los han ayudado y han hecho oídos sordos a sus denuncias. “Fuimos a un estación de Policía en Limonar, pero no dijeron que no nos podían ayudar. Que la denuncia era un protocolo. La policía nunca nos llamó, ni nos visitó”. Ahora esperar que la próxima vez que Dinectry Andrés Aranda Jiménez y Eliana Reyes Orozco soliciten protección del Estado colombiano no sea demasiado tarde.
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