Jaime Urrego, viceministro de Salud Pública, afirmó en el marco de la audiencia pública sobre interrupción voluntaria del embarazo ‘Sin Barreras’, convocada por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico María Fernanda Carrascal, que el Ministerio de Salud tiene un gran reto para alistar las medidas que permitan dar cumplimiento a la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordena la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.
“Vamos a diseñar una ruta muy rápida para que en los primeros 100 días haya noticias que empiecen a señalar que el rumbo señalado con la Corte no es juego, sino que estamos comprometidos con cumplirlo como lo está el presidente Gustavo Petro”, señaló el viceministro.
Además, recalcó que tanto el presidente Petro, como la vicepresidenta, Francia Márquez, y la ministra de Salud, Carolina Corcho, están comprometidos con la interrupción voluntaria del embarazo y el cumplimiento de la sentencia de la Corte. “Todo este trabajo integral alrededor del derecho a la salud plena, porque nosotros desde una nueva salud pública no podemos ver la salud en las mujeres en función del rol reproductivo, esto tiene que ser replanteado y avanzar en una salud plena”, añadió.
Aseguró que todo esto hace parte de la lucha en contra de la violencia contra las mujeres. “Para nosotros como gobierno es importante avanzar en las órdenes de la Corte Constitucional y no vayan a bajar la guardia”.
Dijo que las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) no están cumpliendo con la tarea ordenada desde 2005 de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. “Esto es una lucha cultural, se hacen los instrumentos de política pública, estamos en la supervisión y encontramos resistencia en todas las esferas de la sociedad, por lo tanto, la pedagogía, el diálogo y la aplicación de la norma tiene que ir de la mano para que de manera rápida se pueda garantizar la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres y de todos los ciudadanos de la sociedad”.
También hizo un llamado para que se pueda abordar el tema con los pueblos originarios. “Queremos que esta discusión es se pueda llevar a cabo en el marco de lo que es una solución constructiva, porque hay una serie de planteamientos en estos territorios que deben ser respetados sin que se violen estos derechos de las mujeres; y debemos asumir con progresividad y la metodología adecuadas el tratamiento de estos temas en el seno de la diversidad que nutre este país”, indicó.
Estos anuncios fueron hechos justamente el mismo día en que el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está a la cabeza de Álvaro Leyva, informara mediante una nota el retiro de Colombia de la Declaración del Consenso de Ginebra, que significa una postura simbólica en contra del aborto y que había sido suscrita por el Gobierno de Iván Duque mediante el entonces embajador ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Ordóñez.
Por medio de su cuenta de Twitter, la Cancillería sostuvo que en Colombia hay un marco normativo que permite la interrupción voluntaria del embarazo de manera legal y segura. “Viceministerio de Asuntos Multilaterales firmó nota mediante la cual gobierno de Colombia se retira de “Declaración del Consenso de Ginebra. Colombia seguirá comprometida con la promoción de la salud de la mujer y la satisfacción de las necesidades de salud de la mujer”, se lee en el tuit.
“El Gobierno reconoce, respeta y protege derechos de mujeres y niñas. De acuerdo con la Constitución y jurisprudencia de la Corte, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer.”, se lee en otro mensaje. Y luego agrega en otra publicación: “el Gobierno de Colombia respeta y tiene en cuenta que en diferentes sistemas culturales, sociales y políticos existen diversas formas de familia”.
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