Fiscalía imputará delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado a policías implicados en ‘falsos positivos’ de Chochó

Mientras se espera que el teniente coronel Benjamín Núñez se entregue a la justicia colombiana —o sea capturado en cumplimiento a la circular roja de Interpol que hay en su contra—, durante el martes 23 de agosto se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los 10 policías sobre las cuales había una orden de detención y que, durante el lunes 22, fueron detenidos o se entregaron.

En la diligencia judicial llevada a cabo de manera virtual, la Fiscalía General de la Nación afirmó ante el juzgado penal 01 municipal de Sincelejo que los uniformados detenidos serán investigados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, tortura y destrucción de material probatorio por los hechos ocurridos el pasado 25 de julio de 2022, cuando los jóvenes identificados como Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras, fueron retenidos por uniformados de la Policía bajo el pretexto de que pudieron ser responsables del crimen de un patrullero en el municipio Sampués, Sucre.

Los jóvenes fueron obligados a subir a una camioneta de la Policía y, de acuerdo con el testimonio de uno de los uniformados, el coronel Núñez les habría disparado para después ser presentados como integrantes del Clan del Golfo, estructura que lideró el mencionado plan pistola contra agentes de la fuerza pública.

En la audiencia, el órgano judicial describió la forma en que cada uno de los uniformados fue detenido el lunes 22; algunos de ellos en vía pública, como fue el caso de Uber Guillermo Mieles arroyo, que fue capturado en Sincelejo. Por su parte, cabe indicar que en la misma ciudad se entregó Jesús María Bolaño, quien iba manejando la patrulla donde iban a bordo los tres jóvenes.

En contexto: General Henry Sanabria visitó a familiares de los jóvenes asesinados en Chochó, Sucre, y les aseguró que los crímenes no quedarán impunes

También la fiscal delegada del caso indicó que se entregó una segunda mujer uniformada en este triple crimen; se trata de Leyla Carolina Ávila, quien también tenía una orden de captura. La integrante de la Policía se presentó el lunes de manera voluntaria ante la URI de Sincelejo en compañía de su abogado defensor.

Tras la lectura de los delitos imputados a los agentes implicados, la defensa de la subteniente Camila Buriticá Valencia indicó que su apoderada no evadió la justicia (pues al momento de su captura estaba en Pereira), sino que aprovechando la sanción de tres meses que tenía por este caso, decidió ir a su tierra natal.

“Todo esto no fue huyendo del proceso; esto se produce en razón de que ella vive sola en Sincelejo donde presta sus servicios y suspendida ante la avalancha mediática que ha tenido el hecho investigado. Esto fue debidamente reportado tanto a Policía como a la Fiscalía; de manera que (...) la teniente Buriticá Valencia ha pretendido sacar cuerpo a esta investigación. Todo lo contrario”, afirmó el abogado Otto Miranda.

El abogado de Jesús María Bolaño, Isaac Castro Oviedo, indicó que no se oponía a la captura de su cliente. Mismo concepto emitió la defensa de Rafael Paz Barbosa; sin embargo, tuvo reparos en la orden de captura “atendiendo que este es un caso netamente mediático teniendo en cuenta que todos son de la Policía Nacional”.

Por otra parte, el coronel Benjamín Núñez, quien fue apartado de la institución el pasado 3 de agosto por este triple crimen, sigue prófugo de la justicia colombiana.

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