Los próximos días el tema de la reconstrucción de San Andrés va a seguir arrojando muchos conceptos y hallazgos, de lo que aparenta ser un nuevo escándalo de corrupción, esto a raíz de la visita del presidente Gustavo Petro a la isla, donde revisó cómo van las obras y según él, ni siquiera se ha terminado el hospital. Lógicamente, la responsabilidad recae en el exmandatario Iván Duque, junto con su gabinete administrativo, que ya le han salido al paso a estas declaraciones y conceptos, pero, inclusive las empresas encargadas de este proyecto entre esas, el Consorcio Providencia, quien presentó una serie de justificaciones por los costos e inconsistencias que se han encontrado en las primeras casas entregadas, que se entregaron recientemente, tras dos años de la tragedia que dejó el huracán Iota.
Tal vez lo que más le ha llamado la atención al actual gobierno nacional, y a la opinión pública en general, es que cada casa costó aproximadamente 640 millones de pesos, y según los hallazgos encontrados tras la visita, ni los aparenta y tampoco se justifican, por que varios de estos inmuebles ya están presentando fallas, que son visibles a simple vista.
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Pues el Consorcio Providencia, en primer lugar, aseguró que para atender de la manera más diligente la emergencia, y ayudar a la comunidad tras el desastre natural, se firmó un contrato de obra bajo la modalidad de administración delegada a título gratuito, quiere decir, no se le cobró un peso al Estado por la ejecución de la obra.
“Se actúa siguiendo las instrucciones de sus contratantes, Findeter y Fiduagraria (...) A su vez, la construcción de las viviendas se hace con recursos que se ponen a disposición del Consorcio en el patrimonio autónomo”, señala el comunicado.
Reconocen como válidas las inquietudes del actual gobierno nacional, por eso, explican la razón por la cual las viviendas terminaron costando 640 millones de pesos. Factores como el diseño, área de construcción, materiales, costos de fletes, distancias, entre muchos otros, influyeron en el costo, que se consideró cómo excesivo.
No obstante, el consorcio señala que hay aspectos que no son responsabilidad de ellos, por ejemplo, el diseño estructural y arquitectónico fue aportado y concertado por Findeter; además, está entidad concertó esto con la comunidad raizal:
“Las especificaciones técnicas y los diseños estructurales y arquitectónicos de las viviendas nuevas fueron concertados por Findeter con la comunidad raizal de las Islas, proceso en el cual el Consorcio Providencia no tuvo participación. Estas reuniones fueron adelantadas por un experto consultor que contrató el Gobierno Nacional, lo cual se puede verificar en actas de las mesas de trabajo”.
El costo de los inmuebles se sustenta en aspectos como el tamaño de la vivienda; según se dio a conocer, la firma tiene a cargo 330 viviendas, más de la mitad, 208, son de 11 metros cuadrados; las otras 122 son de 87 m ², las cuales, según ellos, son comparables con casas que se construyen en los estratos 5 y 6 de Bogotá.
El tema de la estructura es uno de los grandes puntos de discusión; en este punto no solamente el Consorcio Providencia ha explicado que son casas en acero galvanizado, que además de evitar la corrosión, generan una mayor fuerza y resistencia ante algún otro evento como el que ocurrió con el huracán Iota. La exgerente para la reconstrucción de la isla y en ese momento directora del Departamento de Prosperidad Social, quien terminara el gobierno Duque como ministra de vivienda, Susana Correa, además de reafirma esto último, considera que el presidente Petro se apresuró en hacer los señalamientos y denuncias, además, que, aunque los predios se vean muy sencillos, la realidad es que son muy complejos.
“Nosotros tuvimos 330 casas que se contrataron del consorcio Providencia, un consorcio conformado por Amarilo, Constructora Bolívar y Marval, que eran las casas que se concertaron al principio en diciembre de 2020 y enero de 2021; tuvimos dos meses de concertación con la población de cuál era el tipo de casa de querían (...) si usted la ve por fuera, es una casa sencilla, cuando usted ve cómo se hizo y cómo se construyó, es una casa compleja, esa casa tiene una estructura de acero (…) esas 330 casas oscilan entre 85 y 111 metros cuadrados”, explicó la exfuncionaria en diálogo con W Radio.
El consorcio también enfatizó que, con esa estructura y materiales, las viviendas tendrán una larga vida garantizada, que no solo soportarán algunas otras situaciones, por ejemplo, terremotos, sino que en caso de presentarse algún tipo de estos eventos, le podrán salvar la vida a sus habitantes. Incluso, aseguraron que estas propiedades son bioclimáticas, lo que quiere decir: cuentan con sistemas para ser, en cierta medida, autosustentables, por ejemplo, se le agregaron sistemas de recolección de aguas lluvias y paneles solares.
Otro de los factores es el peso y la distancia, según el comunicado, cada casa pesa aproximadamente 75 toneladas; los materiales llegan a la isla por vía marítima, insumos que en ocasiones salen desde Bogotá y otras regiones, los transportan por tierra hasta el puerto de Cartagena y parten en contenedores, de a 8 por casa, hasta desembarcar en un solo muelle con el que cuenta Providencia.
“Esta ha sido una de las condiciones que más altos costos ha representado para la construcción de las viviendas. Todos los materiales deben ser transportados por tierra hasta el Puerto de Cartagena, desde donde salen vía marítima y recorren otros 800 kilómetros para llegar a desembarcar en un solo muelle que tiene en funcionamiento Providencia, pues el segundo quedó completamente destruido por el huracán”.
Además, la dificultad por el área, la ‘competencia’ con otros programas de reconstrucción y demás factores, han complicado conseguir la mano de obra, y mantenerla, lo que ha elevado los costos de dichas propiedades:
“Dificultades técnicas con la identificación de los terrenos; la falta de disponibilidad de agua potable para los trabajadores; la escasez de agua para otros procesos de la construcción; la falta de alojamientos para el personal técnico, de obra y los equipos de construcción; las demoliciones tardías y entrega de los terrenos; y picos de contagio por Covid-19 (...) “Todas las situaciones anteriormente mencionadas han incidido en el valor final por cada vivienda, el cual hasta el momento es de 640 millones de pesos por unidad, siendo claro que el diseño, área y acabados no corresponden al de una vivienda de interés social. De este valor no queda ganancia alguna para el Consorcio porque se trata de un trabajo gratuito del cual no se cobran honorarios”.
En diálogo con Caracol Radio, el representante legal del Consorcio Providencia, Camilo Baracaldo manifestó que tampoco se ha tenido en cuenta el coste logístico del transporte de los insumos (anteriormente explicados), que ha generado un maltrato al material, que puede ser una de las causas de las fallas en barandas y ventanas, por ejemplo, que se han visto una vez se entregaron las primeras casas; aseguró que todo el proceso se ha hecho con total transparencia y vocación de ayuda con los isleños.
Agregó que en la segunda semana de octubre se entregarán unas 115 casas, que hacen parte del contrato, que ha sido vigilado y revisado por Findeter y la Contraloría General de la Nación, entidad que mañana presentará una rendición de cuentas sobre el caso.
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