Al Congreso de la República llegó un proyecto de ley que pretende garantizar los productos de higiene menstrual para las mujeres y personas menstruantes de bajos recursos. La iniciativa la radicó el senador del Pacto Histórico Pedro Flórez, quien espera que “impacte de manera positiva la calidad de vida de los colombianos y colombianas” y así salvaguardar los derechos a la salud y la dignidad humana en la población.
En su cuenta de Twitter, el congresista dio a conocer que radicó el proyecto el pasado 18 de agosto. “Garantizar el acceso a los productos de higiene menstrual a las personas que lo necesiten debe ser una prioridad en materia de salud pública”, escribió Flórez y aseguró que la propuesta está enfocada en la población estrato 1, 2 y 3 y en aquellas en condición de habitante de calle.
Según una infografía publicada por el senador, se trata de “todos aquellos productos salubres e idóneos que permiten absorber y recoger la sangre durante el periodo menstrual”. En el documento conocido por El Espectador se mencionan las toallas higiénicas, la copa menstrual y los tampones.
En total, el proyecto de ley tiene cuatro artículos en los que se contempla su distribución junto con la calidad y las buenas condiciones de los productos de higiene menstrual. Las entidades encargadas de entregar los productos serán: las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, y las secretarías de salud municipales, distritales o departamentales.
Cabe recordar que algunos de estos productos están hechos de plástico y son de un solo uso, por lo que tienen afectaciones al medio ambiente. En ese sentido, el proyecto de ley asegura que debe procurarse que sean amigables con el medio ambiente. En caso de que sea indispensable para quien lo solicite, se deberá “salvaguardar las condiciones particulares de la persona que menstrúa, sin oposición de orden económico”.
Las razones detrás del proyecto de ley
El documento presenta dos justificaciones para la iniciativa: los resultados de la encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la sentencia T-398 de la Corte Constitucional.
Los datos arrojados por el Dane demuestran que 62.000 mujeres de hogares pobres en el país no pudieron acceder a los productos de higiene menstrual en 2020. Como solución usaron “tela o rapos, ropa vieja, calcetines, papel higiénico o servilletas durante la menstruación”, mientras que otras 24.000 no pudieron usar ningún elemento.
El Dane concluyó que “muchas mujeres hoy tienen que decidir entre adquirir productos para su higiene y salud reproductiva o elementos básicos de subsistencia, lo que dificulta el acceso a estos productos”.
Por su parte, la sentencia del alto tribunal manifiesta que hay una “ausencia de una política pública referente a la higiene menstrual”. Esto representaría un desconocimiento estatal de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas menstruantes.
El otro proyecto por los derechos menstruantes
En el Congreso de la República ya hay un proyecto de ley que le apuesta a los derechos menstruantes. Por el momento está en tercer debate en el Senado, pues ya pasó los correspondientes en la Cámara de Representantes.
La iniciativa busca eximir del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos para el manejo del ciclo menstrual ―tampones, toallas higiénicas, compresas y hasta copas menstruales―, así como garantizar su acceso gratuito a la población escolar, habitante de calle y carcelaria.
De igual manera, se pretende garantizar el acceso no solo a los productos e insumos necesarios para el adecuado manejo del ciclo menstrual, sino también instalaciones privadas, seguras e higiénicas donde sea posible limpiarse, así como reemplazar y desechar los productos.
También se propone para establecer una política pública que garantice educación sobre el manejo del periodo menstrual. Esto incluiría el reconocimiento de productos amigables con el medio ambiente y el etiquetado claro sobre los materiales de los insumos menstruales.
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