Este lunes 22 de agosto, tres órganos de control participaron en la presentación de los informes de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos. En el encuentro las entidades solicitaron aumentar y priorizar la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios.
La Contraloría General de la Nación expuso que el país necesita 301 billones de pesos a 2031 para cumplir la atención y reparación de las más de nueve millones de víctimas que hay en Colombia. “Los recursos ejecutados entre el 2012 y 2021, por 146 billones de pesos, los programados en el Conpes 4031 de 2021, por 142 billones de pesos, resultan insuficientes”, explicó la vicecontralora general encargada, Lina María Aldana.
El Ministerio Público consideró que se requiere un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno nacional para ejecutar las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos. Asimismo se debería “realizar los ajustes institucionales requeridos para brindar una atención y reparación efectiva”.
Por otro lado, la Contraloría “ve necesario implementar una política de generación de ingresos y empleabilidad para la población víctima”. Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, “más de cuatro millones de víctimas están en situación de pobreza (Sisbén IV)”. Tan solo en 2021 se registraron tasas de pobreza monetaria y pobreza extrema superiores a la tasa nacional, en 11 y 6 puntos porcentuales.
Los llamados de la Procuraduría
En esa misma línea, la Procuraduría General de la Nación informó que desde que entró en vigor la Ley 1448 de 2011, “solo se han indemnizado el 12% de la población quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas”. El porcentaje es exactamente el mismo para las comunidades indígenas y del 9 % para las afrocolombianas, a pesar de la inversión de 19 mil millones de pesos en los últimos diez años.
Respecto a las víctimas de desplazamiento forzado, el órgano de control recomendó aumentar la oferta de vivienda digna, pues identificaron que más del 80 % no gozan de ese derecho. “Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar”, agregó.
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En cuanto al enfoque de género, las entidades reconocieron que hubo avances en la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado; sin embargo, identificaron barreras en esa materia.
“Las metas anuales planteadas en los indicadores del Gobierno resultan insuficientes para la reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto y para el cierre de brechas de género”, manifestó la Procuraduría durante la presentación del informe. Además, en términos de salud, solo 107.779 mujeres víctimas han recibido atención psicosocial de un total de 4.528.287.
La entidad reconoció los esfuerzos para retomar el funcionamiento presencial de los 35 Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV). A su vez, hizo un llamado a las autoridades territoriales para “que garanticen condiciones dignas para la atención a la población víctima, dado que persisten daños en la infraestructura y falta de mantenimiento en algunos casos”.
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