Qué son los protocolos que firmó el Estado con la guerrilla del ELN y que revivió Gustavo Petro

Durante la fase secreta de conversaciones exploratorias para diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se suscribió un documento para, en caso de rompimiento de la mesa de diálogos, los negociadores no quedaran a la deriva de las autoridades.

Se trata de un acuerdo basado en la buena fe, un principio para la construcción de confianza entre representantes de grupos que, como en el caso colombiano, llevan décadas enfrentado a sangre y fuego. Los protocolos son la base para poder adelantar negociaciones entre las partes.

“Los facilitadores o garantes de negociaciones de paz basan sus actuaciones en los principios de confidencialidad y buena fe. Para lograr su cometido, utilizan diversas herramientas, como los acuerdos de carácter formal o informal, para permitir a las partes establecer reglas comunes de entendimiento sobre asuntos específicos”, señaló Sebastián Zuleta, consultor del Instituto de Paz de los Estados Unidos (USIP) en el medio Razón Pública en 2019.

“Ese tipo de garantías son usuales en las negociaciones de paz pues sin ellas ningún proceso de paz sería posible, ni ningún tercer país aceptaría ser garante o sede de unas negociaciones de paz, pues en cualquier momento el Estado podría romper unilateralmente la negociación y pedir la captura de los negociadores”, señaló Rodrigo Uprimny en una columna de DeJusticia para el mismo año.

Ese año es clave, pues después del atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá que dejó 23 muertos, incluido el perpetrador, ejecutado por el ELN, el presidente Iván Duque decidió romper los diálogos y desconocer los protocolos. Estos, que se habían firmado con el gobierno Santos, establecían un tiempo de días para retomar las hostilidades entre las partes, pero el exmandatario decidió hacerlo expedito.

El protocolo

El documento firmado en 2016 fue secreto hasta 2019 y solo tenían copia las partes. El primer punto estableció que los países garantes y las partes tendrían 15 días, en caso de romperse las conversaciones, para concretar el retorno a Colombia de los delegados de la guerrilla. Al romperse, los negociadores quedaron varados en la isla.

Pero lo que se había acordado era que los países garantes colaborarían con el retorno de los representantes subversivos al territorio nacional. Incluso, en caso de que debieran ingresar al país, se suspenderían las operaciones militares hasta 72 horas en áreas definidas por la guerrilla.

En ellos se contempló el uso de helicópteros para que los miembros del ELN pudieran internarse al territorio. Uno de ellos tendría las coordenadas y las entregaría al piloto, en vuelo, cuando considerara necesario. La aeronave, de ser el caso, debía permanecer en tierra una hora después del desembarque. Es decir, se daba la oportunidad de que se escabulleran antes de volver a la guerra.

Aunque estos documentos no significan un tratado o acuerdo, según Uprimny, sí son un compromiso internacional del Estado que en el caso del ELN fue suscrito por los países garantes Cuba, Venezuela, Chile, Noruega y Ecuador y deben cumplir de buena fe con el compromiso. Ellos tenían la labor, de aplicarse el protocolo, de brindar los medios de transporte a las delegaciones.

Incluso, señala que en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas se estableció que los países deben cumplir con sus obligaciones internacionales de buena fe. Además, el derecho internacional humanitario condena ese tipo de violaciones bajo el delito de perfidia.

Ahora, el presidente Petro anunció que restituirá estos protocolos y firmó un decreto para revivirlos, en el que incluyó permitir de nuevo negociadores, permitir que puedan reconectarse con su organización, suspender órdenes de captura a esos negociadores, suspender órdenes de extradición a esos negociadores.

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