Proteger la vida de los líderes sociales, el reto del nuevo Puesto de Mando Unificado por la vida del gobierno Petro

Proteger y salvaguardar a los líderes sociales en el país es el principal reto y objetivo del Punto de Mando Unificado (PMU) por la Vida que instaló el sábado el ministro del Interior, Alfonso Prada, junto con su compañeras de gabinete Gloria Inés Ramírez, titular de la cartera de Trabajo, y Susana Muhamad, del ministerio de Ambiente; y los congresistas de la comisión de Paz Roy Barreras e Iván Cepeda.

Según señaló el ministro Prada, con este PMU acogerán las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para proteger a la población civil de las acciones de los grupos armados ilegales.

“Acoger las alertas tempranas de forma inmediata y nos acaban de llegar dos alertas tempranas que me hace llegar la Defensoría: la 019 en el Norte del Cauca, Buenos Aires, Santander de Quilichao y la 020 en el macizo caucano que comprende Almaguer, Sucre y Bolívar. En mi calidad de Ministro del Interior, a partir de este momento convoco a la Comisión Intersectorial para la respuesta rápida de alertas tempranas en los dos municipios y vamos a desplegar presencia en territorio esta semana”, ordenó el funcionario.

Esta es una de las medidas del plan de choque que se estableció en el gobierno del presidente, Gustavo Petro, para hacerle frente al exterminio de las personas que lideran procesos para sus comunidades o que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

“Hemos instalado el PMU, que es un puesto de mando para lograr la seguridad rápida en modo prevención, no en modo tristeza (como) cuando recibimos la noticia de la muerte de los líderes sociales. Hemos adoptado una serie de medidas para que se llegue muy rápido al territorio y se les dé protección para garantizar que la vida prevalezca sobre la muerte”, reiteró Prada.

El plan de protección dará prioridad a los 65 municipios más golpeados por la violencia en Colombia, aunque inicialmente se concentrarán en los 10 que tienen reporte de que se encuentran en una situación muy delicada y en donde sistemáticamente están asesinando a los líderes.

“Vamos a hacer algo así como un desembarco del Estado en esos 10 municipios para hacer acompañamiento y presencia permanente”, indicó.

De acuerdo con la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, las comunidades indígenas y afrodescendientes de las mencionadas poblaciones están en alto riesgo de ser víctimas de vulneración a sus derechos por cuenta de los enfrentamientos entre la Segunda Marquetalia, en asocio con Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las disidencias de las Farc.

Por su lado, el senador y presidente de la Comisión de Paz del Congreso colombiano, Iván Cepeda, indicó que con el PMU por la vida también se busca una presencia distinta.

“Regularmente el Estado hace los consejos de seguridad cuando ocurren los crímenes, a posteriori, y ya las medidas que se toman son prácticamente a destiempo, aquí se trata de una acción preventiva esencialmente”, expresó.

En los PMU, dijo Cepeda, van a estar representadas todas las instituciones civiles y militares del nivel nacional hasta el nivel local y las comunidades.

Será, dijo, un diálogo “entre autoridades y comunidades y en un diálogo entre civiles y militares para poder construir las rutas de protección”.

Por su lado, la senadora indígena Aída Quilcué enfatizó en que lo realizado este sábado es un paso para comenzar a estructurar los procesos sociales y los “diálogos humanitarios para que pare la guerra, para que dejen de reclutar niños, para que dejen de asesinar a líderes sociales, autoridades ambientalistas”.

Al final, los miembros de la fuerza pública que se hicieron presentes fueron aplaudidos por los indígenas, un gesto que no es menor porque en el pasado pelotones de soldados habían sido expulsados de esta región del país.

(Con información de EFE)

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