Ministro del Interior, Alfonso Prada, reitera que se debe legalizar la marihuana para no criminalizar a cultivadores

Señaló que hay regiones del país donde los campesinos no tienen más alternativas para sobrevivir aparte de sembrar la planta alucinógena

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Imagen de referencia de un cultivo de marihuana en Colombia. Foto: NICOLÁS ENRIQUEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
Imagen de referencia de un cultivo de marihuana en Colombia. Foto: NICOLÁS ENRIQUEZ / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Para el gobierno del presidente, Gustavo Francisco Petro, el Estado ha contribuido a la injusticia social en Colombia con la criminalización de los campesinos que no tienen más alternativas para sobrevivir aparte de dedicarse a los cultivos ilícitos, por esa razón buscarán, al menos en el caso de la marihuana, legalizar su producción, como es la tendencia en la actualidad en buena parte del mundo, incluido los Estados Unidos, la nación adalid en la lucha contra las drogas a nivel global.

Quien reiteró esta idea fue el mismo ministro del Interior, Alfonso Prada, que el sábado estuvo en Caldono (Cauca) instalando el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) por la Vida, con el que se busca salvaguardar a los líderes sociales ante el exterminio del que vienen siendo víctimas tras la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las Farc.

En medio del evento, el funcionario señaló que la voluntad del nuevo mandatario es que se hagan todos los esfuerzos para evitar que los cultivadores terminen condenados por narcotráfico, pese a ser el eslabón más débil de esa renta ilegal.

“El presidente, Gustavo Petro, en la transmisión del mando de la Policía Nacional dijo claramente que buena parte de la congestión en las cárceles, y también de la injusticia social con la que el Estado contribuye muchas veces tiene que ver con criminalizar al pequeño campesino que no tuvo ninguna opción en la vida que sembrar marihuana”, afirmó Prada.

El ministro, además, recordó que incluso los cultivos de esa planta alucinógena están contribuyendo al crecimiento económico, a través de los gravámenes, por lo que desde el gobierno trabajan también en ese objetivo.

“Hay que descriminalizar, pero adicionalmente a despenalizar. Tenemos que buscar la manera de que esos cultivos sean lícitos, que se pueda cultivar sin licencia previa para que no haya corrupción, ni demora en el trámite de una industria que puede generar mucha riqueza en las regiones”, expresó quien fuera también el jefe de debate de Petro durante la pasada campaña presidencial.

Adelantó Prada que con el Legislativo están contemplando proyectos que permitan al país brindarle mejores posibilidades a los cultivadores de marihuana diferentes a que respondan penalmente por esa actividad ilegal.

“De verdad que vamos a hacer todo lo posible porque el Congreso de la República despenalice conductas y con ello más bien, en vez de meterlos a la cárcel, ofrezcamos alternativas de educación, de generación de formación para el trabajo, de generación de empleo para nuestros jóvenes”, añadió.

Precisamente en una entrevista que concedió el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al periódico regional El Colombiano, se habló nuevamente del tema y la intención del nuevo gobierno de descriminalizar el cultivo y el consumo de estupefacientes, que comenzaría precisamente con el de la marihuana.

“Hay que pensar en los usos lícitos de la coca y el cannabis, y regularlos en mayor detalle a como están hoy (...) El Gobierno Nacional sí está pensando en que el cannabis debe tener una regulación como está ocurriendo en el resto del mundo”, señaló.

En la misma conversación con el medio de comunicación antioqueño el funcionario indicó que se descarta por completo el uso del glifosato para reducir cultivos ilícitos, y que para lograr su disminución replantearán la estrategia que con los campesinos que se dedican a esa práctica ilegal.

“No se va a utilizar para fumigar cultivos, hay una orden muy clara de la Corte Constitucional que este Gobierno la acata, además hay suficientes argumentos ambientales, sanitarios y económicos para evitar la utilización de ese producto. (La nueva política pública de reducción) es una combinación de distintos asuntos que tienen que ver con el acceso a la productividad y la producción y comercio de alimentos que les permita cambiar esos cultivos por unos que también sean viables económicamente y ambientalmente sostenibles”, explicó.


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