Informe de la Contraloría: Implementación del Acuerdo de Paz se logrará en 20 años

Al tiempo proyectado se le suman cinco años más debido al desajuste presupuestal que se generó con la perdida de 500.000 millones

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Foto de archivo. Fachada del
Foto de archivo. Fachada del edificio en donde funciona la Contraloría General en Bogotá, Colombia, 19 de julio, 2019. REUTERS/Luis Jaime Acosta

La Contraloría General de la Nación entregó al Congreso un nuevo informe sobre la ejecución de recursos para la paz. El mecanismo puso una nueva alerta y señaló que la implementación, que antes se pensaba se lograría en 15 años, llevará un promedio de 20 años. El desface de tiempo está relacionado, según el documento, con la perdida de unos 500.000 millones de recursos destinados a los proyectos para la paz a través del Ocad-paz que se dio en el gobierno saliente de Iván Duque.

“Estas deficiencias van desde aprobaciones de proyectos en regiones no priorizadas en el Acuerdo, hasta aquellas que se presentan en la estructuración de pliegos, lo mismo que construcciones deficientes y detrimentos patrimoniales”, señaló la entidad fiscalizadora.

Las cifras que presenta la entidad para demostrar que existe una perdida de recursos grandes muestran que el desface se dio en el 2021. El año pasado se registró una ejecución de $14,24 billones, 2,3 veces más que el promedio histórico observado entre 2017 y 2020, que fue de $6,4 billones. Mientras que en años anteriores se reportó una ejecución normal sobre lo presupuestado. Por lo que le sugiere al gobierno hacer un mayor esfuerzo en los años que viene para lograr la meta.

La tendencia muestra un promedio de $7,7 billones anuales a 2022, se requerirán mayores esfuerzos en los próximos años para cumplir con lo contemplado en el Plan Marco de Implementación del Acuerdo (PMI)”, se lee en el informe.

En este mismo sentido, agregó, que: “Las metas planteadas en las subcuentas del Fondo Colombia Paz no son coherentes con las planteadas en los proyectos de inversión que estas financian... hay disminución de los recursos del impuesto al carbono que apalancan subcuentas tan importantes como la de sustitución y el 95% de la contratación es directa, modalidad que no resulta competitiva”.

Recordemos que el escándalo de la perdida de los recursos se dio unos meses antes de que el gobierno Duque saliera del poder. De acuerdo con las denuncias frente a este tema, dichos recursos de regalías habrían sido desviados para el pago de millonarias coimas para la probación de proyectos que presentaban los municipios donde se llevan a cabo Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

De acuerdo con los periodistas, Valeria Santos y Sebastián Nohra, los 500.000 millones fueron usados para el pago de sobornos a congresistas, funcionarios de la Contraloría y del Departamento Nacional de Planeación —DNP—. De esta última entidad, nombran a Álvaro Ardila, exdirector de regalías, Aníbal Quiroz —contralor delegado de regalías— y Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado para el posconflicto.

A esto se le suma que, según la investigación, ya el Gobierno nacional había sido alertado sobre irregularidades de presunta corrupción en el OCAD-Paz. La primera advertencia fue recibida en 2021, cuando el entonces consejero para la Estabilización, Emilio Archila, hizo un llamado para que se hicieran las pesquisas correspondientes.

En abril de ese mismo año, Secretaría de Transparencia declaró ante la Fiscalía que la Presidencia había recibido un correo en el que mencionan que a Archila “le han llegado rumores del chantaje que tiene el Dr. Ávila con algunos alcaldes que tenemos pendientes de adjudicación de recursos de los 178 proyectos que usted anunció el 18 de marzo de 2021″.

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