En la noche del pasado jueves, fueron encontrados, en una camioneta Toyota Prado, los cuerpos sin vida de cuatro personas. El hallazgo se realizó en Bogotá, en la autopista norte, a la altura de la calle 222. El misterio sobre lo que habría ocurrido mantiene a las autoridades en alerta para descubrir lo que hay detrás de esta masacre. Mientras se conocen los nombres de los culpables, se van conociendo las identidades de las víctimas y sus antecedentes. Dentro de las personas fallecidas hay tres ciudadanos colombianos y un venezolano.
La persona de origen extranjero, de acuerdo con información que logró recopilar el diario El Tiempo, tenía 29 años de edad y había nacido en Puerto Cabello. Tenía un hijo de dos años. A su nombre recaían antecedentes legales que lo mantenían en medio de procesos con las justicia nacional. Eliyer José Perozo Zabala, como se le reconoció posterior a su violento fallecimiento, había sido capturado en Bogotá, el 17 de agosto de 2020. En su momento, se le acuso de porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, fuga de presos y lesiones personales dolosas.
En su momento, fue trasladado a la URI de Puente Aranda. Allí, el juez 19 penal municipal con función de control de garantías, legalizó la captura en medio de una audiencia concentrada. Perozo Zabala, a pesar de las pruebas en su contra, no aceptó los cargos, por lo que su abogada presentó un recurso de apelación el mismo día, solicitud que fue negada por parte del Juzgado Octavo Penal del Circuito. Según logró conocer ese medio de comunicación, el ciudadano trabajaba en un lavadero de carros ubicado en San Andresito, San José. Allí llevaba dos años.
Fue en ese lugar que cometió uno de los delitos que posteriormente se le imputaron, pues, en medio de una riña con uno de sus colegas, también venezolano, sacó un arma. En octubre del año 2020, la defensa del hombre logró llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, por lo que fue condenado, solamente, por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Es decir, se le quitó de su expediente la acusación que lo señalaba de lesiones personales. Esto fue aprobado por el Juzgado 33 penal del circuito con control de conocimiento de Bogotá.
En su contra, entonces, con esta modificación, recayó una condena de 54 meses: 4 años y 6 meses. Tan solo cinco días después de su estadía en prisión, logró que se le otorgara prisión domiciliaria, pues, como se mencionó antes, era padre de un bebe de dos años. Además de ello, su esposa, también venezolana, estaba embarazada.
El colega con el que tuvo la riña, además, ya había retirado la denuncia por lesiones personales, sin embargo, la investigación continuó, por lo que en diciembre del 2020 se emitió un escrito de acusación en su contra en el juzgado 24 penal del Circuito con funciones de conocimiento de Bogotá. Por esto, de hecho, había una audiencia agendada para su realización el próximo 2 de septiembre.
Es de recordar que además de Perozo Zabala, en la camioneta, de placas CJE712, estaban los cuerpos de Juan Carlos Useche, expolicía, Leonardo Sanabria, escolta y Leidy Alejandra Betancourt, pareja de Useche. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en medio de su intervención en este caso, reveló que el exintegrante de las autoridades tenía vínculos en actividades del narcotráfico y lavado de activos.
“En un estado de derecho no puede aceptarse ni tolerarse el ajusticiamiento criminal. A esas organizaciones criminales las sometemos a la justicia las autoridades de Policía y Fiscalía. Tenemos que apoyar a nuestras autoridades para que sean ellas quienes judicialicen a estos criminales. No toleramos el ajusticiamiento criminal”, destacó la alcaldesa mayor de la capital colombiana.
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