“Definir con quién negociar, no pisar el acuerdo de paz y nueva política de drogas”: recomendaciones de HRW a Petro

“Tratar de obtener los pilares fundamentales de una paz que se vuelva definitiva en el futuro”, es el principal objetivo del gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro. Una política que implica el desarme de los grupos armados, pero que implica también otras medidas del Estado para desactivar la violencia en el territorio nacional, en la que la organización Human Rights Watch señaló cinco retos y propuesta para conseguir el éxito.

El mandatario ha formulado la política “paz total” de la que dijo, este fin de semana en el reconocimiento de las tropas de la Fuerza Pública a su gobierno, será la que lo lleve a él, a todos los miembros de esa institución y a la sociedad civil a la historia.

HRW también ve con beneplácito la política. En una carta dirigida al presidente de la República, plantearon varios aspectos a tener en cuenta, con el objetivo de garantizar los derechos humanos en territorios que durante los últimos cinco años han visto un repunte de la violencia.

La organización internacional instó al gobierno a plantear una nueva política de seguridad, señalando que “las políticas del gobierno del expresidente Iván Duque no garantizaron los derechos humanos en zonas remotas de Colombia y permitieron que los grupos armados ampliaran su control territorial”.

Proponen que el fundamento de esta nueva política sea que las fuerzas del Estado y demás instituciones centren sus esfuerzos en protección de la población civil y el desmantelamiento integral de los grupos armados, desde las economías y redes ilegales, así como el lavado de dinero. Los indicadores deben ser el control territorial efectivo, respetar los derechos humanos y prevenir abusos.

La nueva política debe incluir una estrategia de desmantelación de grupos armados, liderada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, contemplada en el Acuerdo de Paz, que debe coincidir con la expansión de la presencia de las instituciones estatales en los territorios.

El gobierno Petro se ha abierto a la negociación de los grupos armados. En ese propósito ya ha retomado los protocolos con el ELN para allanar el camino de conversaciones en Cuba. Pero HRW advierte que debe establecerse con qué grupos se puede adelantar ese tipo de negociación y en qué condiciones.

Esta decisión, según la organización, es crucial en el panorama actual del país. Después del desarme de las Farc, surgieron más de 30 disidencias de ese grupo armado; persiste el ELN y se ha expandido el Clan del Golfo autodefinido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

La diferenciación de estos corresponde a objetivos, pues mientras las Farc y el ELN mantienen presupuestos políticos necesarios para las negociaciones de paz al ser reconocidos como grupos armados, otras organizaciones desarrollan principalmente actividades delictivas para la obtención de rentas criminales, quienes pueden acceder a políticas de sometimiento al ser grupos delictivos organizados.

“Actualmente, las leyes existentes que regulan ambos tipos de procesos solo permiten que el gobierno realice negociaciones con grupos armados según la definición del Protocolo II Adicional a los Convenios de Ginebra”, sin embargo, reconoce que el derecho internacional no establece con cuáles se pueden adelantar conversaciones de paz, y es el gobierno el que puede definirlo, aunque implique modificaciones a las normativas internas actuales.

“Instamos a su gobierno a revisar la clasificación actual de grupos armados en el país, que ha sido poco clara y ha fomentado confusiones tanto en la distinción entre estrategias de sometimiento a la justicia y de negociación política de paz, como en la cuestión distinta, pero que ha estado asociada en la práctica en Colombia, sobre la aplicación de normas de uso de la fuerza durante operaciones de las fuerzas militares y de policía”, señaló HRW.

Para que la paz total tenga éxito, la organización dirigida por la exsenadora Juanita Goebertus recomendó que el gobierno abordar las condiciones que han perpetuado la violencia. En ese sentido, reducir el poder de los grupos armados, a través de las economías ilegales y garantizar los derechos económicos y sociales de las poblaciones.

Recomiendan aumentar la presencia de instituciones estatales en 170 de los municipios más pobres de Colombia, fortalecer la capacidad de las instituciones como la Defensoría del Pueblo, así como de jueces, fiscales policía judicial y defensores públicos en los territorios remotos.

En el caso de las conversaciones advierte la necesidad de que no se pisen los compromisos que ya se encuentran en el Acuerdo de Paz, para que no haya duplicidad cuando estos no han logrado un avance significativo de implementación. Además, señala que si bien se han establecido mecanismos de justicia transicional, no se ha fortalecido la justicia ordinaria crucial para frenar la violencia.

“Debido a la inmensa rentabilidad del tráfico ilegal de drogas y la capacidad de los grupos criminales para corromper a las autoridades, una política de drogas efectiva es esencial para que estas reformas sean exitosas y contribuyan a una reducción duradera de la violencia y la corrupción”, señaló HRW.

Aunque celebran el camino hacia una nueva política de drogas, plantean la necesidad de implementar los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito del Acuerdo de Paz y no dejar de lado la persecución judicial contra el crimen organizado, que se centre en la corrupción asociada a narcotráfico y lavado de activos, en lugar de los bajos niveles de la cadena criminal, como los campesinos.

“Como un mínimo absoluto, su gobierno debería garantizar que cualquier acuerdo con grupos armados que forman parte del conflicto armado, tales la guerrilla del ELN, cumpla con los requisitos de rendición de cuentas establecidos en el Acuerdo de paz con las FARC y su Jurisdicción Especial para la Paz, incluida una restricción efectiva de la libertad que cumpla con las obligaciones internacionales de Colombia. Cualquier acuerdo que incluya estándares más bajos de rendición de cuentas fácilmente podría violar las obligaciones internacionales”, señaló la organización.

En ese sentido, también desaconseja que las investigaciones por crímenes de guerra pasen de nuevo a la JEP, pues plantea que este tribunal especial ya tiene un alto volumen de casos. Aunque podría evaluarse los que haya cometido el ELN de llegar a firmarse un acuerdo. Aun así, propone que los mecanismos cuente con amplia participación de víctimas y se centren en los máximos responsables, no en casos específicos, sino en patrones, como actualmente lo desarrolla el tribunal de paz.

Finalmente, Goebertus le dijo al presidente Petro que evalúe detenidamente los listados de personas que se sometan a beneficios judiciales, para evitar los colados. En ese sentido, plantea un trabajo coordinado con la Fiscalía para verificar los antecedentes y evitar que personas que han delinquido, terminen recibiendo beneficios para evadir la justicia efectiva.

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