Este fin de semana, defensores del medio ambiente, y detractores de la adjudicación de la APP del Canal del Dique, denunciaron que a la puerta de sus casas llegaron coronas fúnebres como símbolo de amenaza en contra de sus vidas debido a la labor de vocería comunitaria que han adelantado respecto al adelanto de la construcción de esa obra. De acuerdo con lo que comentaron las víctimas de estos hostigamientos en una entrevista con Blu Radio, estas acciones tienen que ver con los cuestionamientos que han hecho respecto a ese proyecto.
“Con las amenazas intentan callar las voces que desde hace meses se han levantado en rechazo al proceso de adjudicación por la falta de socialización e irregularidades ambientales”, destacó, ante esa emisora, William Lastra, presidente de la Asociación de Comunidades en el sur del Atlántico. Los arreglos de flores, relató, fueron puestos en las entradas de la casa de dos líderes comunitarios y un periodista.
“Esas coronas fúnebres aparecieron ayer en la madrugada, lo que prendió las alarmas en la comunidad porque sí estamos pidiendo revisión del proyecto, es porque somos nosotros los que conocemos la situación del Dique. Lo único que queremos es paz y que el Estado colombiano actúe como tenga que hacerlo”, puntualizó Lastra.
Teniendo en cuenta lo ocurrido, desde la Jurisdicción Especial para la Paz se rechazó lo ocurrido y se pidió a las autoridades tomar acción para evitar que estas amenazas sean ejecutadas. “Por ello, mediante un auto, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad le ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación realizar un estudio de seguridad para adoptar las medidas de protección pertinentes”, comentó ese organismo a través de la cuenta de Twitter.
Es de recordar que para este 26 de agoto quedó programada la instalación de una comisión accidental liderada por el Representante a la Cámara por el Atlántico, Dolcey Torres, con el objetivo de crear mesas de diálogo con las comunidades y socializar el proyecto para dar mejor trámite a la consulta previa.
“Como lo hemos dicho desde el inicio de este Gobierno, nuestra prioridad es la gente, por esa razón, instalaremos esta Comisión que nos permitirá escucharlos, entender sus preocupaciones y propuestas, para sacar adelante un proyecto que es de toda la importancia para el presidente Gustavo Petro y para el futuro del país”, comentó el ministro de Transporte Guillermo Reyes.
“Para el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego es importante verificar las observaciones y hallazgos de la Contraloría General de la República, relacionadas con el proponente único; también, analizar las consideraciones presentadas por la JEP, respecto a las medidas cautelares, y realizar socializaciones y diálogos con las comunidades, gremios y expertos sobre el proyecto”, añadió.
De acuerdo con esa cartera gubernamental, serán unos 1.5 millones de colombianos los que resulten beneficiados con este proyecto, particularmente, habitantes de municipios de los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre: Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan, en Atlántico; Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana, en Bolívar; y San Onofre, en Sucre.
“El aplazamiento era lo más oportuno. Es el resultado de unas denuncias que vienen haciendo las comunidades desde hace dos años y que nos trajeron hoy hasta Bogotá con el único interés de proteger la naturaleza, el patrimonio del Estado, los derechos de las comunidades y los derechos a la verdad y la memoria del conflicto armado”, destacó la Agencia Nacional de Infraestructura. Este proceso fue suspendido hasta el 12 de septiembre.
“Trabajaremos con el Ministerio para defender el territorio y la vida de los líderes ambientales”, señaló la ministra Susana Muhamad, al hablar de las víctimas de las amenazas de muerte sobre quienes buscan defender el medio ambiente. SEGUIR LEYENDO: