Procuraduría pidió a la ANI socializar con las comunidades el proyecto del Canal del Dique

El viernes 19 de agosto la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) la socialización del proyecto ‘Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique’, con el que se busca informar a las comunidades de esta región del Caribe colombiano sobre los posibles impactos sociales y ambientales de este megaproyecto.

El Ministerio Público hizo un llamado a la ANI para que adelantara este encuentro con las comunidades y resaltó en la importancia de adoptar un “verdadero mecanismo de participación” que fuera permanente e incidente en todas las etapas de ejecución de esta obra, que busca mitigar el riesgo de inundaciones y la recuperación de las ciénagas de esta región ubicada en los departamentos de Atlántico, Sucre y Bolívar, que tendría un costo de $3,2 billones.

“Desde el mes de octubre de 2021 y por peticiones elevadas por la ciudadanía, este órgano de control adelanta acción preventiva en vigilancia al desarrollo del proyecto Canal del Dique, en aras de velar por la garantía del derecho a la participación, a gozar de un ambiente sano y a la prevención de desastres”, señaló la entidad, que convocó a una mesa de trabajo para que los funcionarios de la ANI y del comité evaluador resolvieran los requerimientos enviados hace algunos meses.

En ese espacio, el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero, enfatizó en las recomendaciones y observaciones que había manifestado el Ministerio Público frente al megaproyecto, cuya adjudicación fue suspendida el pasado 4 de agosto y que tendrá una respuesta el próximo 12 de septiembre, según informó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.

La Procuraduría alertó sobre la “ausencia de acciones de mitigación y compensación” para el corregimiento de Bocacerrada, zona rural del municipio de San Onofre, Sucre, las cuales ya están previstas para la planta La Camaronera, razón por la cual “solicitó requerir las explicaciones sobre las razones por las cuales se planea privilegiar las obras de protección para un sector y no para otro”.

“Agradecemos estos espacios, esperamos avanzar en este proceso que se ha venido desarrollando durante estos años, para que tengan un pronto inicio. Esperamos este 12 de septiembre tomar una decisión que satisfaga las necesidades de todas las comunidades y así mismo atender un riesgo latente que se tiene en las zonas aledañas al canal”, señaló por su parte el ministro de Transporte en declaraciones recogidas por El Heraldo.

La Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al futuro concesionario del megaproyecto del Canal del Dique, la adopción de unos protocolos técnicos encaminados a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo del referido cuerpo de agua.

La decisión de la SAR se toma en el curso del trámite de unas medidas cautelares sobre el Canal del Dique; lugar en el que, según un estudio del Grupo de Análisis de la Información (Grai), habrían ocurrido, aproximadamente, unas 9.638 desapariciones forzadas, entre los años 1991 y 2015.

A su vez, en esta decisión, la SAR negó la solicitud de suspender el proceso de licitación del proyecto Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique elevada por el colectivo de víctimas La Ruta del Cimarronaje. En concepto de la Sección, este tipo de solicitudes corresponden, en principio y por competencia a los jueces administrativos, y solo de manera excepcionalísima a la Jurisdicción Especial para la Paz.

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