Ocupan bienes de personas que estarían implicados en delitos ambientales

Los predios afectados están ubicados en los municipios de Villapinzón, Chocontá, Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y en Bogotá. Su valor supera los 8.630 millones de pesos

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En el Boletín 45552 la
En el Boletín 45552 la Fiscalía General de la Nación notificó que los predios incautados en estas tres zonas del país serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

En horas de la tarde del sábado 20 de agosto, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 22 predios rurales, 13 urbanos, una sociedad y 12 establecimientos de comercio, que estarían implicados en delitos ambientales.

Los predios afectados están ubicados en los municipios de Villapinzón, Chocontá, (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y en Bogotá. Su valor supera los 8.630 millones de pesos.

De acuerdo con el ente investigador, las labores de la policía judicial evidenciaron que “los activos afectados pertenecen a 32 personas que, de manera independiente, se dedicaban al procesamiento de pieles para elaborar distintos productos que luego serían comercializados”.

La investigación determinó que los dueños de los predios, quienes ya fueron judicializados, no cumplieron las normas ambientales generando vertimientos de químicos que contaminaron el río Bogotá.

El trabajo realizado entre la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), apoyados por el Ejército Nacional, determinó que los dueños de los predios, quienes ya fueron judicializados, no cumplieron las normas ambientales generando vertimientos de químicos que contaminaron el río Bogotá.

La ley de Delitos Ambientales determina que la pena para la persona que trafique especies silvestres colombianas o afecte el patrimonio natural del país es de 12 años de prisión.

Los delitos contemplados en esta ley son:

“Deforestación su promoción y financiación, el tráfico de fauna, la financiación de la invasión de áreas de especial importancia ecológica, la financiación y apropiación ilegal de baldíos de la nación; también, los daños en los recursos naturales y el ecocidio, la caza y pesca ilegal, el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y la contaminación ambiental

En el Boletín 45552 la Fiscalía General de la Nación notificó que los predios incautados en estas tres zonas del país serán entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.

La SAE es una sociedad de economía mixta ligada al Ministerio de Hacienda que tiene como objetivo principal administrar los bienes especiales que se encuentren en proceso o se les haya decretado extinción de dominio, por causa de tener orígenes en crímenes como el narcotráfico o el lavado de activos.

El presidente, Gustavo Petro, designó a Daniel Rojas como director de la Sociedad de Activos Especiales. Rojas fue coordinador programático del Pacto Histórico, además de ser coordinador de empalme de la actual administración e hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador Gustavo Bolívar.

Los predios afectados con medidas cautelares están ubicados en Boyacá, Santander y Bogotá y su valor supera los 8.630 millones de pesos.

Desde Caldono (Cauca), en la instalación del primer Puesto de Mando Unificado por la Vida, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad le envío un mensaje a los defensores ambientales del país: “Cuentan con el Ministerio de Ambiente en su defensa territorial. Proteger y garantizar los derechos de los defensores de la tierra es proteger la vida”.

“Vamos a mapear los conflictos socioambientales en todo el país, trabajando para ampliar la Democracia Ambiental y alertando sobre situaciones especiales de colectivos que defienden el ambiente”, continúo la ministra.

Fiscalía pone en evidencia matadero clandestino de cerdos en Cartago, Valle

El ente investigador imputó a cuatro hombres por delitos de maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos porque, al parecer, operaban un matadero clandestino de cerdos que no cumplía con las condiciones de salubridad, ni reunía los requisitos básicos de cuidado de los porcinos, en Cartago (Valle del Cauca).

En la diligencia de registro y allanamiento ordenada por la Fiscalía y realizada por unidades de la Policía Nacional en un inmueble de ese municipio vallecaucano, se constató que los cerdos eran sometidos a situaciones adversas y de estrés durante varios días. Posteriormente, eran sacrificados mediante métodos artesanales y en lugares no aptos para esta actividad.

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