En las últimas horas la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) emitió un comunicado en el que condena y rechaza los actos de abuso sexual de los que fue víctima una niña indígena emberá chamí de 13 años de edad. Los hechos se presentaron el pasado 12 de agosto en la vereda de Los Balsos, del municipio de Buenavista, Quindío.
Para la autoridad indígena de Colombia, los actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes indígenas es una de las formas más graves de violencia contra la infancia, cuyas consecuencias son demoledoras e irreparables y constituyen un grave atentado contra sus derechos fundamentales.
“Vulnera los derechos a la integridad física, psíquica y sexual, su derecho a la seguridad, autonomía, privacidad, libre desarrollo de la personalidad, y a una vida libre de violencia, contemplados en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos”, se lee en el comunicado de la ONIC.
Ante esta situación, la ONIC le exige a las autoridades nacionales e internacionales para que, en conjunto, “tomen acciones pertinentes y contundentes en el asunto”. Dentro de sus peticiones se tiene en que cuenta que se cumplan con los tratados internacionales ya ratificados por Colombia, los cuales establecen obligaciones relacionados con la debida protección de las víctimas de violencia sexual, así como los pronunciamientos de los órganos encargados de su monitoreo.
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Una vez conocido los abusos de los que fue víctima la menor indígena, Aida Quilcué, senadora de la República por la Circunscripción Especial Indígena, condenó los hechos.
“Los pueblos indígenas seguimos padeciendo todas las formas de violencia contra la armonía y el equilibrio. Rechazamos la agresión sexual de la menor de 13 años perteneciente al pueblo Embera Chami, en el Quindío. Exigimos justicia y celeridad en los procesos de investigación”, señaló la vicepresidenta de la Comisión primera del Senado en su cuenta de Twitter.
La víctima fue atacada en horas de la mañana del pasado 12 de agosto cuando se desplazaba a la institución educativa donde estudia. De acuerdo con lo conocido, el agresor sería el trabajador de una finca de la zona.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de los pueblos Indígenas (CDDHHPI), en un comunicado, exigió “procesos y acciones concretas para la protección de los niños, niñas y adolescentes indígenas, quienes se enfrentan a la vulnerabilidad generada por el conflicto armado y se exponen a agresiones en contra de sus cuerpos que son territorios sagrados”.
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Para la Comisión de Derechos Humanos es necesario implementar un enfoque diferencial “en la ruta de restablecimiento de derechos y un acompañamiento pertinente a la menor, su familia y comunidad por la gravedad de estos hechos”.
Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el conflicto armado en Colombia se registraron 15.760 víctimas de violencia sexual. El 61,8 % de las víctimas corresponde a mujeres y el 30,8 % a niñas y adolescentes (ambas categorías suman el 92,6 % del total). El rango de edad más frecuente para las personas que han sufrido este tipo de abusos está entre los 14 y los 17 años.
De las víctimas de violencia sexual con pertenencia étnica, el 87,36 % corresponde a afrodescendientes, el 12,14 % a indígenas, el 0,29 % a palenqueras y el 0,21 % a personas del pueblo gitano.
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