HRW le sugirió a Gustavo Petro rediseñar las políticas de seguridad y antidrogas

La directora de la división para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que le hizo una serie de recomendaciones frente a la política de “paz total”, con el propósito de contribuir a lograr avances en materia de derechos humanos en las distintas regiones que han padecido el conflicto armado.

La exsenadora y ambientalista colombiana, quien fue nombrada en mayo pasado como la responsable de la división encargada de monitorear los derechos humanos en América Latina, le sugirió al primer mandatario: garantizar la protección y la seguridad en el país; decidir con qué agrupaciones ilegales se debía negociar; abordar las causas históricas que perpetúan la violencia; garantizar el derecho de las víctimas: y evitar las desmovilizaciones fraudulentas de los grupos armados.

“Instamos a su gobierno a rediseñar las políticas de seguridad existentes para asegurar que las fuerzas de seguridad y otras instituciones estatales prioricen la protección de la población civil y el desmantelamiento integral de los grupos armados al abordar sus economías y redes ilegales, así como el lavado de dinero”, señaló HRW, sugiriendo el fortalecimiento las capacidades del sistema judicial y garantizando que los indicadores prioricen el control territorial efectivo, el respeto de los derechos humanos y la prevención de abusos.

Asimismo, indicó que la nueva política de seguridad debía contemplar la estrategia para desmantelar agrupaciones ilegales, diseñada por la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, considerando lo establecido en el Acuerdo Final de Paz y asegurando una articulación con las autoridades locales y la expansión de la presencia de las instituciones del Estado por el territorio nacional.

En cuanto a la negociación con estructuras criminales, la organización internacional le sugirió al jefe de Estado que evalúe si existen razones creíbles para considerar que los diálogos podrían asegurar los derechos de las víctimas y la prevención de abusos sobre la aplicación de la ley o la ejecución de operativos militares, cuando correspondiera.

En ese sentido, señaló que esta decisión debía tener en cuenta si un acercamiento con estructuras que rechazaron o no cumplieron acuerdos anteriores con el Estado, como las disidencias de las FARC y los grupos residuales del paramilitarismo, propiciaría incentivos para que cualquier negociación futura fuera tomada en serio, al tiempo que instó al gobierno a revisar la clasificación de los grupos armados.

“Instamos también a que adopte una política de drogas efectiva y respetuosa de los derechos humanos en Colombia. Ello exige, entre otras medidas, financiar e implementar de forma integral los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito según lo establecido en el Acuerdo de Paz, así como reforzar planes para proteger a las personas involucradas en estos programas”, señaló HRW.

Asimismo, hizo un llamado a que revisara y fortaleciera las estrategias judiciales antidrogas, con el propósito de darle prioridad a la persecución del crimen organización, la corrupción vinculada al narcotráfico y el lavado de activos, sobre la persecución de los ciudadanos que participan en los niveles bajos de la cadena del tráfico de drogas, entre estas los campesinos que cultivan coca como su sustento debido a la rentabilidad de este cultivo para muchas comunidades.

Por último, instó al presidente a garantizar que los acuerdos con los grupos armados cumplan los requisitos de rendición de cuentas establecidas, incluida una restricción efectiva de la libertad que cumpla con las obligaciones internacionales de Colombia, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia por parte de las víctimas, e iniciar investigaciones que den cuenta de patrones amplios de abusos.

“Para evitar desmovilizaciones fraudulentas, su gobierno debería trabajar en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones para verificar exhaustivamente la identidad y los antecedentes penales de las personas que se desmovilizan. Ello será particularmente desafiante en el contexto actual de Colombia, puesto que existe un gran número de grupos armados que operan de forma fluida y difusa”, concluyó la carta firmada por la directora de la división para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

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