Expresidentes de Reficar se defienden tras condena en su contra

Pareciera que Colombia está sumergida en un mar de corrupción sin poder ver la superficie. El jueves 18 de agosto de 2022 el juez penal del Circuito de Bogotá condenó a sesenta y seis meses de prisión a Felipe Castilla Canales y Orlando José Cabrales, quienes fueron los presidentes de la Refinería de Cartagena

Esta decisión es el inicio del proceso sancionatorio contra los responsables del escándalo de corrupción de la refinería.

El caso Reficar se trata un detrimento sin precedentes en el país con movimientos de $600 mil millones de pesos en contratos por actividades que jamás se realizaron en la refinería.

La Fiscalía, según el juez Penal del Circuito, logró demostrar la responsabilidad de los dos condenados de la empresa encargada de refinación de petróleo, a quienes se le imputó el delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

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Mientras que contra Orlando José Cabrales no se emitió orden de captura inmediata, el juez si lo hizo con Felipe Castilla, a quien envió a un centro carcelario que será asignado por el Instituto Nacional de Penitenciaría.

“Resuelve abstenerse de resolver de fondo la solicitud de extemporáneo de nulidad presentada por los abogados defensores de conformidad con lo expuesto en esta sentencia y condenar a Orlando José Cabrales y a Felipe Castilla Canales por delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, contemplado en los artículos en calidad de coautores”, señaló el juez.

Luego de conocerse esta sentencia, los condenados se pronunciaron al respecto, y aseguraron que aún quedan varias instancias más para demostrar que no tuvieron nada que ver con este desfalco y acudirán a ellas mediante la apelación de la sentencia conocida el 18 de agosto de 2022.

La defensa de Orlando José Cabrales declaró que una vez producido el sentido del fallo, y antes de proferirse la sentencia, planteó una nulidad por violación de garantías fundamentales, puntualmente por violación al debido proceso durante el desarrollo del juicio oral y la práctica probatoria, la cual le fue negada en la sentencia por razones formales que no comparte, sin examinarse el fondo de la misma.

“Esperando que el Tribunal de Bogotá, después de un análisis juicioso de las pruebas practicadas en el juicio, revoque la decisión de primera instancia, puesto que se acreditó más allá de toda duda que Orlando José Cabrales Martínez cumplió con la normatividad legal vigente, así como con los manuales de contratación de la entidad y que en ningún momento con su actuar omitió algún requisito o buscó favorecer al contratista Foster Wheeler, y, por el contrario, siempre propendió por el interés general y el beneficio de la entidad Reficar que representaba”, señaló por medio de una comunicación a la opinión pública.

De esta misma manera, en el caso de Felipe Castilla se destacó que hubo claras violaciones al debido proceso, puesto que “quedó debidamente acreditado, mediante registros de audio y video, que el juicio se adelantó en múltiples oportunidades, sin dirección ni presencia de un juez”, manifestó la defensa de Castilla.

La defensa de los implicados declararon que son evidentes las irregularidades al debido proceso y por tanto, esas maniobras fueron presentadas a través de una petición de nulidad y que es muy contrario a lo que establece la sentencia.

“Considero que las razones que fundamentan la sentencia condenatoria no reflejan lo sucedido en juicio, donde quedó más que demostrada mi inocencia, como incluso manifestó el señor procurador al solicitar la absolución”, dice la carta firmada por el mismo expresidente de Reficar.

Lo insólito del caso es que aunque la pena es la misma para los dos exdirectivos de Reficar, solo en el caso de Orlando José Cabrales el juez permitió que la condena la pagara en detención domiciliaria por razones de salud, mientras que en el caso de Felipe Castilla se ordenó de manera inmediata su captura con el ánimo de enviarlo a un centro de reclusión.

La investigación de la Fiscalía evidenció en los cuatro años de este proceso la responsabilidad que tendrían los exdirectivos en los millonarios hechos de corrupción que incluso fueron advertidos por la Contraloría en un monto superior a lo que se estableció al inicio de la investigación. Las condenas se convierten en decisiones de suma relevancia en un proceso que, se advertía, podría quedar en la impunidad.

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