Cinco alcaldes aceptaron su responsabilidad en la red de corrupción en la que está involucrada Mario Castaño

La Fiscalía General de la Nación informó este jueves 18 de agosto que logró la captura de 21 personas, dentro de las que se encuentran siete alcaldes y cuatro funcionarios de diferentes dependencias municipales, que harían parte de una presunta red de corrupción, responsable de la apropiación de recursos públicos destinados a obras y el suministro de servicios a la población.

El ente investigador encontró que los capturados, dentro de los que destacan dos secretarios de planeación municipal, dos funcionarios de despacho y diez contratistas, eran responsables de distintas irregularidades en al menos 47 contratos, que tendrían un valor por más de $46.300 millones, los cuales estaban destinados a proyectos de infraestructura y a garantizar bienes a la ciudadanía.

“De acuerdo con el material de prueba, un senador electo de la República, a través de algunos de sus presuntos colaboradores, lograba que entidades del orden nacional asignaran recursos a las regiones. A cambio, las administraciones municipales al parecer, beneficiaban y direccionaban la contratación a unos aspirantes específicos, quienes pagaban dádivas que presuntamente eran distribuidas entre los partícipes del entramado criminal”, indicó la Fiscalía.

En ese sentido, confirmó que los alcaldes de los municipios de Piandamó y Suárez (Cauca); Alcalá (Valle del Cauca); y La Merced y Villamarìa (Caldas) aceptaron los cargos y presentaron su renuncia, por delitos que van desde el concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, hasta enriquecimiento ilícito y acuerdos restrictivos de la competencia.

A su vez, el ente investigador señaló que la Dirección Especializada contra la Corrupción, en un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), había logrado la captura y judicialización de 33 personas que harían parte de esta red de corrupción, en la que se evidencian irregularidades en al menos 114 contratos por un monto de más de $112 mil millones.

En el municipio de Aguadas, Caldas, se evidenció que la alcaldía celebró dos contratos por un monto de 1.563 millones con el DPS, destinados al mantenimiento y la repavimentación de vías terciarias, actividades que fueron confiadas a contratistas de esta red de corrupción que involucran al alcalde Diego Fernando González Marín y cinco contratistas.

En el caso de Villamaría, Caldas, se evidenció que contratos por $13.981 millones presentan posibles inconsistencias en la fase precontractual y de ejecución. Los mismos tendrían el propósito de construir un acueducto verdal, canchas y un cambio de alcantarillado que involucraría al alcalde Andrés Felipe Aristizábal.

A su vez, la entidad indicó que en el municipio de La Merced, el alcalde, Jhonattan Manuel Vásquez Duque, habría intercedido en la adjudicación de ocho contratos, cuyo valor superaba los $3.460 millones, que estarían destinados a la estabilización de taludes en este municipio caldense.

En el caso de Alcalá, Valle del Cauca, la Fiscalía encontró que se presentaron actos ilícitos en la celebración de tres contratos, que ascendieron a 4.702 millones de pesos, para la construcción de obras de estabilización de taludes en el sector conocido como Bélgica y la compra de una ambulancia, en los que estaría involucrada la alcaldesa, Gloria Raigoza.

En Armero - Guayabal, Tolima, se encontró que hubo un “presunto desacato de principios esenciales contenidos en las normas que reglan la contratación pública se habrían puesto en riesgo 1.250 millones de pesos, que correspondían a un contrato para una obra de infraestructura y movilidad que adecuaba espacios de esparcimiento, convivencia y la cultura en el municipio”.

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