122 líderes fueron asesinados durante 2022, según la Defensoría del Pueblo

La entidad alertó que los departamentos en los que se presentaron mayor número de homicidios son Cauca con 19 casos, Nariño con 17 y Antioquia con 12

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La entidad alertó que durante los seis primeros meses de este año se han registrado 122 asesinatos contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, lo que evidencia un incremento a comparación de los años anteriores. EFE/Mauricio Dueñas

El viernes 19 de agosto la Defensoría del Pueblo de Colombia presentó el informe de Violencias contra Líderes Sociales, que revela que entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2022 fueron asesinados 122 líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el territorio nacional, evidenciando el grave riesgo que presentan las personas que le apuestan a la transformación de sus comunidades.

Así lo comunicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en medio de la presentación del documento en el que se advierte que los departamentos en los que se presentaron mayor número de homicidios son Cauca con 19 casos, Nariño con 17 y Antioquia con 12 casos durante el primer semestre de este año, demostrando que la región Pacífica sigue siendo la más afectada por la violencia en contra de los liderazgos sociales.

“Los homicidios en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos representan una grave afectación en contra de las comunidades y la democracia. Ellos son los representantes de las peticiones, necesidades y la voz de las personas más vulnerables. Por esta razón debemos, desde el Estado, brindarles las garantías necesarias para el ejercicio de su labor, ya que es vital para garantizar el bienestar y los derechos humanos en las regiones”, señaló el defensor Camargo.

A su vez, alertó que el departamento de Nariño ha sido uno de los territorios en los que se ha registrado el mayor incremento en el asesinato de las personas defensoras y líderes sociales, pasando de seis caos en 2016 a 17 en lo corrido de 2022, siendo el municipio de Tumaco la localidad con el registro más alto de muertes violentas contra esta población con siete casos, seguido por Barbacoas con cuatro.

En ese sentido, el defensor explicó que las mujeres que adelantan estos procesos de liderazgos en Nariño enfrentan amenazas constantes y diferentes hechos de violencia por parte de narcotraficantes, bandas criminales, que hacen presencia en esta zona al suroccidente de Colombia, y maltrato en sus propios hogares, que han dejado en lo corrido del 2022, siete lideresas asesinadas.

“El departamento de Nariño ha tenido tasas de mayor recurrencia de hechos a nivel nacional en cuanto a amenazas, muertes violentas, violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros. Se ha visto la expansión del narcotráfico y del crimen organizado y actores armados, lo que causa violencia de género y restringe el liderazgo social de las defensoras de derechos humanos. Incluso, para las lideresas afrodescendientes e indígenas, está situación implica múltiples afectaciones graves a sus costumbres y tradiciones”, señaló el defensor del Pueblo.

Por otra parte, el informe da cuenta que los líderes y lideresas comunales registran el mayor número de muertes violentas en el país con 33 casos, seguidos por los líderes indígenas con 27 casos y los comunitarios con 25, evidenciando que el 93 % de los asesinatos fueron a personas del género masculino.

Por último, la entidad alertó que se presenta un incremento en el número de asesinatos a comparación de este mismo periodo en los dos años anteriores: con 106 homicidios registrados en los seis primeros meses de 2020 y 90 asesinatos durante el 2021; las cifras de la Defensoría coinciden con las del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que ha documentado el asesinato de 115 personas líderes y defensoras en lo corrido del 2022.

“Rechazamos el accionar criminal en contra de los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos. Debemos mantener la guardia arriba para que el Estado les garantice la protección, su seguridad y la de sus familias y que puedan realizar con tranquilidad su labor en defensa de las comunidades”, concluyó el defensor Camargo.

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