Presentan en el Congreso el plan de choque para la protección de líderes, defensores y firmantes del Acuerdo de Paz

Este miércoles 17 de agosto, el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda, y el vicepresidente, Ariel Ávila, presentaron el ‘Plan de emergencia para la protección de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz’, el cual contempla una serie de medidas para salvaguardar la integridad y vida de estos ciudadanos que le apuestan a una realidad diferente.

Este plan, que busca responder a la crisis humanitaria que enfrentan los líderes y lideresas sociales en el país, tiene como objetivo principal: la generación de respuestas rápidas por parte de las instituciones del Estado en los territorios que concentran el mayor número de casos de violencia; activar acciones preventivas en los municipios y departamentos que presentan inminencia de riesgos de ataques; e iniciar la configuración de la política pública de garantías.

“Para su funcionamiento se instituye como instancia temporal de seguimiento a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), la cual verificara y hará recomendaciones para su cumplimiento en los 100 días de duración del mismo. A los cien días de Gobierno, o una vez haya culminado el plan de emergencia y se haya reestructurado el Ministerio del Interior, el eventual viceministerio de derechos humanos será la entidad encargada de impulsar la política pública de prevención, la cual será periódicamente evaluada por la Mesa Nacional de Garantías y sus respectivas Mesas Territoriales”, señala el documento.

A su vez, este plan priorizará 65 municipios y seis capitales, dentro de los que se destacan las cinco localidades que presentan los niveles de violencia más críticos en contra de excombatientes y personas defensoras, Argelia (Cauca); Roberto Payán y Tumaco (Nariño); Tibú (Norte de Santander); e Ituangom (Antioquía).

Este plan contempla siete ejes para lograr la reducción de las agresiones: Generación de confianza institucional y prevención de la estigmatización; Acción estratégica y coordinada desde la institucionalidad, la sociedad civil y la comunidad internacional; Acción preventiva y estratégica de la Fuerza Pública en terreno; Gestión del riesgo y acciones humanitarias; Medidas administrativas para la seguridad territorial; Medidas de justicia y contra la impunidad; y el Seguimiento y evaluación de estas medidas.

“Los municipios priorizados en el plan de choque de protección lo son en virtud de que requieren acciones concretas y de un carácter más inmediato. Sin embargo, hay otros municipios que por sus características, si bien no estarían priorizados en el plan de choque de protección, si deberían estarlo para el desarrollo de medidas de prevención que conjuren paulatinamente y a nivel territorial algunas de las situaciones de carácter estructural que se han identificado como generadoras de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, firmantes del Acuerdo y comunidades rurales”, señala el plan.

Esta medida contempla que se establezcan algunos indicadores en los municipios priorizados y estrategias como la activación de los grupos de prevención, protección, género e investigación de las Mesas Territoriales de Garantías, las cuales deberán establecer planes de trabajo y seguimiento y el impulso y avance de las órdenes judiciales y normativas que se refieren a los planes de vida y salvaguarda de comunidades étnicas (indígenas y afro).

El plan de choque busca responder a la grave crisis que viven las personas defensoras y firmantes del Acuerdo de Paz, debido a preocupantes cifras recogidas por organizaciones como el Programa Somos Defensores, el cual registró 996 agresiones a esta comunidad, de las cuales 139 fueron asesinatos, 665 amenazas y 93 atentados, que se habrían incrementado en las últimas semanas.

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