La JEP prorrogó medidas de protección en el cementerio Universal de Medellín

Durante seis meses será prorrogada la medida de protección en el cementerio Jardín Universal de Medellín debido a que en el sitio se buscan restos de posibles víctimas de desaparición forzada a lo largo del conflicto incluyendo desaparecidos de la comuna 13, así lo indicó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

Según indicaron los magistrados los trabajos forenses de identificación no han terminado en algunas zonas por lo que es tomada la medida. Es por esta razón que la Jurisdicción Transicional deberá entregar un cronograma con las especificaciones requeridas para el manejo adecuado de los restos del campo santo.

“Se ordenará que la Unidad de Investigación y Acusación (Fiscalía de la JEP) en un término de cinco (5) días presente a esta sección un cronograma acordado con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, en donde se precisen las condiciones y términos necesarios para desarrollar el plan de intervención forense formulado para el cumplimiento de la presente medida cautelar”, indicó en un documento la JEP.

Sobre más información del Tribunal de Paz la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP llamó al sargento activo del Ejército Armis Téllez por su presunta participación en la comisión de aproximadamente 20 ‘falsos positivos’ cuando oficiaba como uno de los líderes de la sección de inteligencia del Batallón Pantano de Vargas entre 2003 y 2005 en Meta.

De acuerdo con esta sección del tribunal de paz —y según dio a conocer La W—, el suboficial fue citado para que responda por 10 operaciones militares donde murieron 21 jóvenes que posteriormente fueron presentados como bajas en combate por el Ejército entre enero de 2004 y febrero de 2005. De acuerdo con el expediente que reposa en la sala, también fueron ejecutados extrajudicialmente niñas menores de edad y otras personas que aún permanecen sin identificar.

Armis Téllez ya había sido mencionado en otras audiencias por parte de otros comparecientes que trabajaron en la misma unidad militar de Meta, entre ellos el coronel retirado Néstor Sánchez Aguirre, así como otros oficiales y suboficiales de la institución. Cabe indicar que este no ha sido el único militar adscrito en su momento al Batallón Pantano de Vargas que fue llamado por esta jurisdicción especial.

De hecho, por este mismo delito cometido en 2004 y 2005 y también por 21 ejecuciones extrajudiciales fue llamado a rendir versión el coronel (r) Néstor Sánchez Aguirre, quien debió comparecer el pasado 6 de julio en la Sala de Reconocimiento, cuya decisión indicó que “se desempeñó como comandante del batallón entre 2004 y 2005, periodo en el que según los informes mencionados tuvieron lugar ciertos hechos de asesinatos y desapariciones presentados como bajas en combate”

El pasado 14 de julio, la magistratura de la Sala de Reconocimiento citó al coronel retirado Héctor Alejandro Cabuya, para que declare por su presunta participación en un total de 43 operaciones donde se habría cometido los mal llamados ‘falsos positivos’.

La sección de esta jurisdicción sostuvo que las operaciones militares por las que es cuestionado el alto mando datan de enero de 2002, un mes después de llegar al Batallón ubicado en Meta, y el 19 de noviembre del año siguiente, cuando le quedaba un mes para retirarse de la comandancia de la unidad.

De hecho, la JEP tiene registro de que en su periodo al mando fueron asesinadas por lo menos 102 personas bajo sus órdenes; de estas, cerca de 51 aún estar sin identificar. Además, Cabuya fue señalado por 32 comparecientes mientras se adelantaban investigaciones por estos casos, entre ellos mandos medios que han advertido sobre la cercanía que tenía el coronel retirado con jefes del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia —AUC— con amplia injerencia en el sur de Meta.

SEGUIR LEYENDO: