Durante su intervención en el XII Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y Familia que se lleva a cabo en Bucaramanga, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que el ente investigador citó a Mauricio Lizcano para qué amplié su versión sobre el escándalo del saqueo de los recursos del Acuerdo Final de Paz.
La diligencia judicial quedó programada para el viernes 19 de agosto. Barbosa espera la ampliación de la denuncia del director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) Mauricio Lizcano, quien habría entregado información sobre la posible desviación de recursos destinados para los proyectos de paz.
Así lo confirmó Francisco Barbosa en el encuentro que tiene por nombre: “Paradigmas tecnológicos de la función judicial. Cierre de primera etapa y ejecución de sentencia”.
“Hemos citado el día de mañana al director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), para que asista a la Fiscalía General de la Nación con el propósito de que amplíe las denuncias que realizó la semana pasada, y que precise, contratos, fechas, circunstancias de tiempo, modo y lugar de actos de corrupción que se han denunciado públicamente”, puntualizó Barbosa.
El escándalo se destapó luego de que Blu Radio revelara que se habría formado una presunta red de corrupción entre funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría y congresistas para, aparentemente, solicitar coimas a los alcaldes y gobernadores a cambio de aprobar proyectos en el Ocad-Paz.
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Según la investigación periodística, solo en 2021, las coimas pagadas habrían sido por $500.000 millones de pesos, dinero que no habría llegado a los 170 municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), que son los territorios más afectados y vulnerables por el conflicto armado.
Una vez fue designado en el Dapre, Lizcano, en entrevista con Cambio, se refirió al panorama del país que reciben del Gobierno de Iván Duque, entre los temas que abordó se destacó la situación de los proyectos Ocad.
“Encontramos mucho desorden institucional y tenemos temas que nos preocupan mucho, como la ejecución de recursos de Planeación, que, creemos, tiene que volver a ser una entidad técnica. Consideramos que los OCcad no deben estar en Planeación sino en Hacienda”, explicó.
El Ocad hace parte del Sistema General de Regalías (SGR) y se encarga de priorizar y aprobar los proyectos que serán financiados con recursos de regalías en los territorios. “Es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo”.
Frente a estos hechos, la Procuraduría General informó que hay más de 20 actuaciones disciplinarias activas en el marco del análisis a 27 proyectos de inversión aprobados por el Ocad, a cargo de la Alta Consejería, en su momento liderada por Emilio Archila.
Antes de terminar su intervención en el Conversatorio Nacional de la Especialidad Civil y Familia, Francisco Barbosa reveló la creación de un grupo de tareas especiales para no solo dar con el paradero de los recursos desviados, sino con los posibles responsables de estos hechos de corrupción.
“Hemos tomado decisiones importantes en los últimos días como crear el grupo de tareas especiales para la investigación de casos relacionados con la ejecución de los recursos del OCAD-Paz que se había denunciado bajo la tutela de la dirección especial contra la corrupción”, dijo el fiscal.
Por estos hechos, en julio pasado, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación contra los congresistas Wadith Manzur, Yamil Aran y Alfredo Ape Cuello, quienes han sido señalados como intermediarios para dar luz verde a proyectos financiados con la plata del Ocad - Paz.
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