Exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos presentó tutela para anular su condena por parapolítica

Después de más de tres meses de que se ratificara la condena, el exgobernador Luis Alfredo Ramos radicó una acción de tutela alegando que en el proceso se le violaron derechos fundamentales con el objetivo de que se anule la sentencia y poder salir de la cárcel.

“El día de hoy, he presentado Acción de Tutela ante la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia fundamentada en múltiples y flagrantes violaciones a garantías plasmadas en nuestra Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos, contra las sentencias dictadas por la Sala Penal, que busca la nulidad de las mismas y que injustamente dieron lugar a la privación de mi libertad”, comentó Ramos.

El exgobernador asegura que se violó su derecho a la presunción de inocencia porque asegura que las pruebas no se valoraron correctamente. De acuerdo con su argumento, son “pruebas de contexto basadas en generalidades” que no sustenta su responsabilidad individual.

La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 95 meses de prisión y más de 7.000 millones de multa por haber establecido alianzas y recibido apoyos de grupos paramilitares, tanto para sus campañas políticas como su movimientos (Unionista Equipo Colombia y Alas Equipo Colombia), entre los años 2001 y 2007.

De acuerdo con la sentencia, que se basó en pruebas de diversa índoles y testimonios de paramilitares condenados, en esos años Ramos Botero se reunió con varios miembros de las AUC, “Bloque Metro” y “Cartel de la gasolina”, así como recibió dinero por parte de Juan Carlos Sierra Ramírez y de los hermanos Castaño Gil, con quienes se afirma la existencia de contactos; apoyo económico de Miguel Arroyave (Bloque Centauros) y reunión con integrantes paramilitares en el Municipio de Bello a comienzos de 2005.

Ramos apeló la sentencia emitida en su contra en octubre de 2021, pero fue ratificada en abril por la misma Corte Suprema, se entregó en junio de este año para cumplir la sentencia, pero no está de acuerdo. “Valoración irrazonable de testimonios en mi contra, llegando a incluir pruebas en la sentencia que no fueron presentadas en la etapa probatoria y desechando retractaciones hechas por testigos ante los propios magistrados de la Sala de Casación Penal”, sostuvo en su comunicado.

Como parte de la tutela para tumbar su sentencia, Ramos sostiene que los magistrados no valoraron las pruebas presentas por su defensa y que podían haber introducido aspectos favorables al respecto. Así mismo sostiene que no tuvo derecho a la doble instancia “particularmente la omisión de hacer un Juicio por parte de la sala de primera instancia”.

Ramos también señala que el magistrado Ariel Augusto Torres violó el principio de imparcialidad porque según él, previamente a la sentencia, “confesó tener alterado su ánimo” en su contra, pero continuó con el proceso hasta condenarlo.

El exgobernador denuncia “filtración de dos proyectos de sentencia, lo cual es además un delito en la legislación colombiana, y que causó una “afectación grave, actual y cierta del debido proceso” de acuerdo con sentencia de unificación de la H. Corte Constitucional”.

Con este recurso, Ramos Botero busca seguir alegando su inocencia, libertad y honra, pese a las sentencias en su contra y los testimonios de paramilitares que aseguran haber tenido incluso amistad con el político desde su llegada al Senado, como en su campaña a la gobernación de Antioquia, departamento por el que dice que ha dedicado su vida pública.

Según la Sentencia, en 2001 Luis Alfredo Ramos recibió dinero de Miguel Arroyave para llegar al Congreso. Luego, en 2005 se reunió en la finca Bellatina con varios jefes de las autodefensas, donde se acordó apoyar la aprobación de la ley de Justicia y Paz de acuerdo a los intereses paramilitares, a cambio de apoyos en otras campañas políticas. La Corporación Democracia, de desmovilizados, apoyó a Ramos en 2007 a la gobernación.

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