ExFarc entregaron información en caso de reclutamiento de menores de edad del Bloque Oriental

Un grupo de 21 exintegrantes de la desmovilizada guerrilla acudió a una audiencia de versión voluntaria en las que se les indagó por los 8.987 casos de reclutamiento y otros crímenes asociados a esta práctica

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Un grupo de 21 exintegrantes de la desmovilizada guerrilla acudieron a una audiencia de versión voluntaria en las que se les indagó por los 8.987 casos de reclutamiento y otros crímenes asociados a esta práctica . Foto: Colprensa
Un grupo de 21 exintegrantes de la desmovilizada guerrilla acudieron a una audiencia de versión voluntaria en las que se les indagó por los 8.987 casos de reclutamiento y otros crímenes asociados a esta práctica . Foto: Colprensa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó el pasado 12 de agosto la audiencia de versión voluntaria colectiva de 21 excombatientes del Bloque Oriental de la desmovilizada guerrilla de las FARC en el marco del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niños y niñas en el conflicto armado.

Durante la diligencia liderada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, que se llevó a cabo desde el pasado 8 de agosto, los exintegrantes de las FARC contaron detalles de la conformación de esta estructura, los mecanismos de decisión, ejecución y control vinculados a la incorporación de personal y las modalidades de reclutamiento de menores a sus filas, así como sus motivaciones.

“En esta audiencia no solo se abordó el reclutamiento, sino también las violencias prevalentes asociadas a él que han sido identificadas preliminarmente por la Sala, tales como la violencia sexual y basada en género, la desaparición forzada y el homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se habrían cometido al interior de las filas en contra de las niñas y los niños reclutados”, señaló el tribual de paz.

Esta estructura, considerada la facción más grande del grupo armado ilegal, está asociada a 8.987 de los 18.677 casos de presunto reclutamiento de menores de edad cometidos por las FARC, en los que se estima que el 70 % de estos hechos, que constituyen un crimen de guerra frente a la legislación nacional y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), ocurrieron presuntamente cuando las víctimas eran menores de 15 años.

En medio de la versión colectiva, los comparecientes revelaron las directrices y prácticas que se ejercían en las filas con relación al ingreso y permanencia de menores de edad con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, la aplicación de métodos de anticoncepción, el tratamiento de la violencia sexual y de embarazos en excombatientes durante el conflicto.

Por su parte, los magistrados y las víctimas requirieron a los comparecientes aportes para apoyar la búsqueda de 122 menores, presuntamente reclutados por parte de este bloque, que se encuentran desaparecidos, así como respuestas frente a las demandas de verdad hechas por los familiares.

“Los comparecientes dieron cuenta del proceso realizado con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y presentaron un reporte sobre apoyos concretos a la búsqueda de 24 niñas y niños. Así mismo, presentaron las líneas generales de una propuesta de plan de apoyo a la búsqueda de los niños y niñas presuntamente reclutados por las antiguas FARC”, señaló la justicia transicional.

En ese sentido, explicó que la propuesta fue discutida por representantes de las víctimas, así como por la Procuraduría General de la Nación, a lo que la Sala le dio un plazo de un mes a los exintegrantes para presentar un plan de apoyo a la búsqueda de desaparecidos ajustando los detalles que se concertaron en la audiencia, con el objetivo de contribuir a este propósito.

“La Sala continuará con las versiones de 92 comparecientes vinculados al caso 07, siguiendo la ruta de priorización territorial, para así cubrir todo el territorio nacional y todos los demás antiguos bloques de las FARC. Con la información recaudada, la Sala continuará su trabajo de contrastación para cumplir con su mandato constitucional y legal de identificar a los máximos responsables de los hechos investigados”, concluyó la JEP.

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