En los últimos minutos trascendió que la Corte Constitucional de Colombia profirió un fallo sobre la adjudicación de bienes baldíos en el país. Si bien no se han conocido los detalles de la decisión de la Sala Plena del alto tribunal, se sabe que se ha determinado que existe un tratamiento desigual en la adjudicación de bienes baldíos en el país y que el Estado no está cumpliendo con su deber de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
Así mismo, se ha conocido que la corte logró constatar que sí ha habido un tratamiento desigual en la aplicación e interpretación del régimen especial de baldíos, aunque, según la información que ha dado a conocer hasta el momento el alto tribunal, en la decisión se adoptaron medidas para proteger los derechos de los particulares que mediante tales procesos pretendieron la regularización y formalización de la propiedad rural.
En otro de los apartes que se han conocido de la decisión del alto tribunal, la Corte exhorta al Congreso, además de fortalecer la Agencia Nacional de Tierras, crear la jurisdicción agraria y adecuar la legislación agraria con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural, dentro del respeto del derecho de propiedad y las situaciones jurídicas consolidadas.
Sobre esto último, el senador del Pacto Histórico WIlson Arias publicó, en Twitter, un video en el que deja ver su preocupación por la sentencia de la Corte Constitucional que está por conocerse, invitando, también, a la ciudadanía a estar atenta y vigilante del fallo del alto tribunal.
“Bueno, ya, a esta hora invito a estar atentos de lo que anuncie la Corte Constitucional en una especie de anticipo de comunicado, donde habla que el Congreso debe reunirse para producir normativas que, supuestamente, arreglen la inseguridad jurídica que hay en relación con el tema agrario, particularmente de las tierras baldías de la Nación”.
Sobre su preocupación, Arias dijo que la decisión de la Corte “no pinta bien, pero ante todo la ciudadanía esté muy atenta. Se trata de un asunto principalísimo relacionado con el patrimonio público, el patrimonio de todos los colombianos”.
Advirtiendo, además, que invitará a la ciudadanía a participar y presenciar foros y debates “tanto sobre asuntos jurídicos como los políticos relacionados con la pretensión de los terratenientes y de grandes poseedores y acaparadores de tierra en Colombia que quieren hacerse a tierras mal habidas”, concluyó el senador Arias.
Vale mencionar que la decisión de la Corte Constitucional, que está por ser publicada oficialmente, fue adoptada al revisar 13 fallos de tutela contra sentencias judiciales dictadas en procesos de pertenencia sobre predios rurales. Estas fueron presentadas por la Agencia Nacional de Tierras, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, contra juzgados promiscuos municipales que adjudicaron los baldíos a beneficiarios que alegaban haberlos adquirido por prescripción.
De acuerdo con la demanda, los baldíos solo pueden ser entregados directamente por el Estado a través de los procesos que establece la ley para ese fin.
Y es que, según un informe de DeJusticia, que citan en Colprensa, en el país existen por lo menos unas 200.000 hectáreas de bienes baldíos que han sido adquiridas a través de este mecanismo y por lo general quedan en manos no de campesinos que requieren acceder a la tierra, sino de grandes propietarios.
”Es problemático que baldíos sean adquiridos por prescripción y no por adjudicación... en el proceso de prescripción, el juez se limita a comprobar si la persona ha poseído el bien por un cierto número de años y si es así le atribuye la propiedad, sin hacer ninguna otra verificación. Por prescripción, entonces, personas muy ricas pueden adquirir la propiedad sobre grandes extensiones y con impactos ambientales negativos”, se puede leer en el informe que citan en Colprensa.
Por lo pronto se espera que en las próximas horas, la Corte dé a conocer más detalles de su decisión, y los efectos que esta podría tener en la adjudicación de bienes baldíos en el país.
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