Condenados por corrupción dos expresidentes de Reficar

Uno de los más grandes escándalos de corrupción del país, el de la refinería de Cartagena, tiene una de las sanciones más ejemplares, al menos por el cargo, que se han impuesto en caso de cuello blanco. Los exfuncionarios fueron condenados a más de 5 años de prisión.

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(Colprensa - El Universal) A cinco años de prisión fueron sentenciados los dos expresidentes de Reficar, que al parecer, orquestaron uno de los escándalos de corrupción más grandes del país.
(Colprensa - El Universal) A cinco años de prisión fueron sentenciados los dos expresidentes de Reficar, que al parecer, orquestaron uno de los escándalos de corrupción más grandes del país.

Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez, ambos fueron presidentes de la Refinería de Cartagena, o Reficar, y que al parecer habrían participado en uno de los escándalos de corrupción más significativos en la historia colombiana. Además de la condena, poco más de 5 años, un juez de Bogotá los inhabilitó para ejercer funciones públicas y les impuso una multa millonaria.

Estos dos imputados llevan años al servicio de las autoridades, por lo menos 5 años, sin contar que los supuestos desfalcos se realizaron hace casi una década; pero, tanto Castilla como Cabrales, fueron los directos responsables de los direccionamientos contractuales, objeto del multimillonario desfalco, señalan las autoridades.

“La investigación permitió conocer que Canales Castillo, presidente de Reficar entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009; y Cabrales Martínez, quien estuvo a cargo de esta empresa entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, intervinieron en el direccionamiento del contrato de ampliación, modernización, mantenimiento y puesta en marcha de la refinería”, señala el escrito de acusación de la Fiscalía.

Solo por recordar, además de evidenciar el impacto económico que significó, se estima que el detrimento patrimonial superó en casi el 70 % de lo pactado, que en cifras, son más de 820 mil millones de pesos, pero, que sumado a la totalidad del daño, la cifra asciende a los 3 billones de pesos, que para el 2016, año que se destapó el escándalo, representó el 5 % del presupuesto nacional de Colombia.

Más o menos hacia junio del año 2018, la Contraloría General de la República señaló como responsables a 20 funcionarios, entre los que se cobijaron a los dos expresidentes, hoy condenados, tres exvicepresidentes, siete miembros de la junta directiva de la época y cuatro contratistas, que según la entidad, serían quienes orquestaron el desfalco.

Contraloría frente al caso Reficar. Tomado de Twitter.
Contraloría frente al caso Reficar. Tomado de Twitter.

Pero, no fue sino hasta mayo de este año, que un juzgado de Bogotá los halló culpables por incumplir los procedimientos establecidos por la ley para hacer la contratación, entregar la autonomía para gerenciar y controlar el megaproyecto, con el que se hizo el desfalco.

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No obstante, tuvieron que pasar 3 meses para que les emitieran la sentencia, el juez noveno penal del circuito de conocimiento de Bogotá, Carlos Julio Caviedes, los condenó a cinco años y tres meses de prisión, inhabilidad para ejercer funciones públicas durante seis años y una multa de 66 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Adicionalmente, están vetados de por vida para contratar con el Estado.

Por parte de Orlando Cabrales Martínez, se le dio el beneficio de casa por cárcel, alegando grave enfermedad, junto con su avanzada edad, 80 años; mientras que Felipe Castilla Canales si deberá cumplir con la medida en centro penitenciario y carcelario. A este último, se le emitirá una orden de captura para adelantar la diligencia.

Así las cosas, la versión oficial entregada por la Fiscalía, asegura que los entonces presidentes de Reficar le entregaron el contrato de la refinería a una compañía extranjera, de manera directa, sin convocar un concurso público con el que se debía garantizar la participación de otras empresas, que posiblemente estuvieran mejor preparadas, o que tuvieran una experiencia más reconocida.

“Adicionalmente, se estableció que le dieron al contratista autonomía para gerenciar y controlar con libertad el megaproyecto, cuyo valor se pactó en 95 millones de dólares”, concluye el informe presentado por el órgano investigador y judicial.

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