Por caso de “estudiantes Fantasma”, la Procuraduría destituyó a exalcalde de Buenaventura

Por presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a estudiantes del municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años al exalcalde del distrito portuario Bartolo Valencia Ramos, quien incurrió en el delito de detrimento patrimonial mientras desempeñó este cargo entre 2012 y 2015,

El Ministerio Público evidenció que el exmandatario de esta localidad ubicada en el Pacífico colombiano, destinó cerca de $3.500 millones del Sistema General de Participaciones para pagar dos contratos de prestación de servicios educativos para 3.880 alumnos, de los cuales, 2.321 eran menores inexistentes, según los hallazgos de firmas auditoras contratadas por la entidad.

“En el uso de los dineros del Sistema General de Participación para educación estaban involucrados tanto el interés público como recursos públicos, y por su cargo de primera autoridad de contratación del Distrito debía propender por verificar dicho interés público y respetar el principio de responsabilidad que regula la contratación administrativa”, indicó el órgano de control, que evidenció un detrimento de $2.088 millones.

Asimismo, la entidad encontró que Valencia Ramos, mientras se desempeñó como alcalde de esta localidad ubicada al suroccidente de Colombia, incluyó en el Banco de Oferentes al Centro Docente Ana Victoria, “haciéndolo elegible para contratar servicios educativos, y posteriormente celebró con el mismo cuatro contratos”, pese a incumplir requisitos como la idoneidad, reconocida trayectoria e infraestructura.

En ese sentido, la Procuraduría determinó en el fallo de primera instancia que el exalcalde incurrió en “falta gravísima a título de culpa gravísima por desconocer el principio de responsabilidad de la contratación estatal y por manejar de manera irregular dineros que debían ser destinados a la presentación de un servicio educativo de calidad”.

El Ministerio Público informó el pasado marzo que el pago de servicios educativos por estudiantes fantasma en Buenaventura no era la única irregularidad que se encontró durante el mandato de Bartolo Valencia Ramos. Según estableció el órgano de control, el exalcalde de Buenaventura y la exsecretaria de Educación del municipio Yenny María Angulo Quintana, incurrieron en presuntas irregularidades en contratos con los que se buscaba ampliar la cobertura del sector educativo en el municipio.

El Ministerio Público evidenció que el Centro Docente Ana Victoria tampoco contaba con la infraestructura física adecuada para recibir una población de dos mil estudiantes, cifra ofertada por esa institución al momento de suscribir su vinculación contractual con el municipio. Por lo anterior, ese establecimiento educativo hizo uso de otras instalaciones para cumplir con el contrato.

“El Centro Docente Ana Victoria prestó el servicio a través de otras instituciones educativas que además no estaban inscritas en el banco de oferentes, es decir, con instalaciones distintas a las presentadas para su inclusión en el banco de oferentes, lo cual confirma la ausencia de los atributos de reconocida trayectoria e idoneidad”, explicó la Procuraduría General de la Nación.

En esa oportunidad, la Procuraduría profirió cargos disciplinarios en contra del exalcalde Valencia Ramos, calificados como faltas gravísimas cometidas a título de culpa gravísima. Igual calificación recibió la presunta conducta cometida por la exsecretaria de Educación, Yenny María Angulo, sumando otra investigación al exmandatario que ha estado detenido en varias oportunidades por hechos de corrupción.

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