En relación con la propuesta del proyecto de reforma tributaria presentado la semana pasada por el Gobierno de Gustavo Petro a discusión del Congreso de la República, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) hizo varios repartos, principalmente, en cuanto al impuesto nacional al carbono, el gravamen que recaería sobre el contenido de carbono equivalente de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión.
La ACP señaló por medio de un comunicado que le preocupa el impacto de la reforma, dado que la carga fiscal del sector llegaría hasta el 80 %, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de exploración y producción, incluidos contratos existentes que requieren de inversión, sin perjuicio de la necesaria para una transición integral, pues las empresas privadas son responsables del 70 % de la exploración ejecutada.
El gremio aclaró que comparte el objetivo del Gobierno nacional de reducir la pobreza y la inequidad y contribuir a la gestión del cambio climático y al desarrollo sostenible, en el marco de una transición integral: energética, económica y productiva, e incluso, destaca el compromiso del Ministerio de Hacienda con la Regla Fiscal y, por ende, de continuar con el ajuste fiscal al tiempo de buscar recursos de inversión, pero hizo un advertencia sobre todo lo que se impactaría en el sector.
“Una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de exploración y producción pondría en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma”, advirtió la ACP, que tiene como presidente ejecutivo a Francisco José Lloreda.
La ACP reiteró su disposición para continuar el diálogo con el Gobierno nacional, principalmente con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, que lidera el proyecto de reforma tributaria; con el Congreso de la República, en cabeza de su presidente, Roy Barreras, y con la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en aras de compartir los análisis del sector y del impacto de la reforma planteada, a fin de que contribuyan a construir una iniciativa que asegure la competitividad y viabilidad de la industria.
De acuerdo con el objetivo de recaudar
El gremio también precisó que está de acuerdo entonces con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se direccionan a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios.
“El sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país. Es una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En ese marco, la Asociación considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabiliad de la industria, pública y privada, de la inversión y de la competitividad”, concluyó la ACP.
Reducción de emisiones de carbono
Es de recordar que una de las propuestas bandera del presidente Petro durante la campaña presidencial fue la de reducir las emisiones de carbono en Colombia. Por ese motivo, el proyecto de reforma tributaria plantea una modificación del impuesto al carbono.
Según explicó el ministro Ocampo, dicha modificación está “en línea con políticas internacionales”. Además, explicó que “la iniciativa permitirá redistribuir los beneficios que generan los altos precios del petróleo, el carbón y el oro. Para ello se establece un impuesto a la exportación de estos productos equivalente al 10 % del exceso sobre un precio base”.
Con este impuesto se buscaría recaudar el 0,02 % del PIB.
“El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados para combustión. El hecho generador del impuesto nacional al carbono es la venta dentro del territorio nacional, el retiro para el consumo propio, la importación para el consumo propio o la importación para la venta de combustibles fósiles”, indica el texto de la reforma.
Dicho impuesto existe desde 2016 y fue creado en el marco del Pacto de París para desincentivar el consumo de combustibles fósiles, corregir las externalidades en términos de emisiones de carbono y dirigir recursos hacia actividades que emitan menos gases efecto invernadero.
El cambio que tendrá este impuesto será que la tarifa, que recae en todos los combustibles fósiles, y que es de 1 UVT, se ajustará cada primero de febrero hasta que sea equivalente a 3 UVT.
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