Millonario contrato de paraderos en Bogotá no estaría beneficiando a la ciudad, denunciaron en el Concejo

El contrato de uso del mobiliario público de Bogotá para publicidad continúa bajo sospecha de irregularidades por las seis prórrogas que se ha firmado, una extensión por 15 años del acuerdo y lo que sería un bajo porcentaje de ganancias para la capital. Se trata de una compañía que ha manejado los paraderos de la capital desde hace más de 20 años.

El contrato entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y la empresa Equipamientos Urbanos Nacionales de Colombia S.A.S. Eucol inició en el 2001 para mantener e instalar los paraderos de buses del sistema de transporte de la ciudad, con el aprovechamiento publicitario de las vitrinas de los mismos.

En 2013 se terminaba la concesión, pero se extendió. Para ese momento, concejales como Carlos Vicente de Roux ya habían denunciado las prórrogas, pero aún así se firmaron hasta 2019. Luego se entregó por ocho meses el contrato a Efectimedios, la explotación comercial de los paneles publicitarios de los paraderos, y solo en ese tiempo recibió el distrito 5.300 millones de pesos.

Después, según expuso el concejal Rubén Torrado en el Cabildo, en 2020 se abrió la licitación y terminó nuevamente en manos de Eucol, filial de la multinacional JCDcaux, pero en esta, además de devolver el contrato a una empresa que había presentado problemas y podía incurrir en demandas por derechos de propiedad intelectual, se podría haber producido un detrimento patrimonial.

Respecto a las demandas, el cabildante del partido de La U señaló que con la licitación no se previno un daño jurídico debido a que ahora el distrito afronta una demanda de propiedad intelectual por una empresa que asegura tener patentado el diseño de los paraderos del SITP, reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que tendría un proceso de conciliación por más de 700 mil millones de pesos.

Según dijo, en esa nueva contratación se modificó el porcentaje de contribución, el pago por explotación de las ganancias brutas, de un 15 % que recibía inicialmente el distrito, a un 7,75 %. Torrado calcula que equivale a pasar de recibir 3.950 millones de pesos promedio en la última década, a 2.100 millones de pesos al año.

De acuerdo con el concejal Martín Rivera, Bogotá cuenta con 7.531 paraderos que tienen 1.655 paneles publicitarios en los que se realiza su explotación. “¿Cuál es el problema? Que se lo estamos dando a cambio de migajas. Bogotá acordó un porcentaje de remuneración del 7,75% de las ventas brutas. Este porcentaje es incluso menor que el establecido en ciudades como Medellín (15,56%) y Cali (12%). ¡En San Francisco es incluso el 55%!”, sostuvo el cabildante.

Las ganancias, de acuerdo con Torrado, han sido menores para los privados que para la ciudad. Desde el inicio del contrato en junio de 2020 hasta abril de 2022, la empresa habría obtenido ganancias brutas por más de 41.000 millones de pesos, en los que no habrían instalado paraderos. Tras la recuperación económica obtuvo 25.200 millones en 2021, que representó una reducción de 14 % respecto a los niveles de 2018, antes de la pandemia. Sin embargo, para el Distrito, la retribución pasó de 4.634 millones en 2018 a 2.255 en 2021.

Adicionalmente, Eucol y DADEP han “suscrito 6 prórrogas por diferentes razones, la más llamativa de todas es la modificación del cronograma de instalación, que iniciaba en enero de 2022 e iba hasta agosto del mismo año, ahora terminaría en agosto de 2025″, sostuvo el cabildante.

La última prórroga se firmó el pasado 10 de agosto, lo que revivió la polémica en medio de un debate de control político que inició el 4 de agosto en el que ya había anunciado ese proceso y que terminará este viernes en el Concejo de Bogotá. En ese documento se acordó modificar el cronograma de instalación y reemplazo del mobiliario público, para iniciar a mediados de 2023.

Además, en una cláusula, se incluyó que la información sobre las rutas que han sido hurtadas podrán ser reemplazadas transitoriamente hasta que se realice el reemplazo, con adhesivos para lo cual contará con 15 semanas en las que se suspende la obligación de instalar las señales en acero inoxidable. Los concejales cuestionan que esa decisión y extensión ha generado un detrimento en la calidad de los paraderos y la información que reciben los usuarios.

SEGUIR LEYENDO: