Este 16 de agosto, en las horas de la mañana, Carolina Corcho, ministra de Salud, estuvo presente en la audiencia de control político que se llevó a cabo en la Comisión VII del Senado. En el espacio, la también médica aprovechó para hablar la reforma de la salud, pues pese a que la funcionaria ha señalado que no se dará este año, en múltiples ocasiones ha mencionado lo urgente que es el cambio en el sistema, pues además, ha mencionado que este pasa por un déficit económico significativo, que lo tiene al borde de la quiebra.
En este sentido, hizo una fuerte afirmación sobre el modelo actual, pues Corcho, mencionó que es un cultivo de corrupción por la falta de control sobre los recursos que mueve, además, agregó que el mismo sistema es el que invita a los funcionarios a que roben.
“Nosotros no tenemos un control de los recursos públicos del régimen contributivo con precisión, cómo no va a haber corrupción allí si el diseño institucional de no tener un sistema de información, como lo tiene el sector bancario, es un caldo de cultivo para la corrupción expedito, porque el que no robe allí es porque moralmente fue muy bien formado, pero el sistema te invita a robar y eso no lo controla nadie, por eso hay que corregirlo y el sistema de información es fundamental dentro del presupuesto”, puntualizó la funcionaria del gobierno de Gustavo Petro; y recordó que actualmente hay deudas cercanas a los 22 billones de pesos con los hospitales y clínicas de todo el territorio nacional.
Por ahora, se sabe que la reforma a la salud se radicará en el primer semestre de 2023; y tendrá un proceso de aplicación transicional de dos años, esto quiere decir, que para 2025 estaría implementada en su totalidad. Uno de los objetivos que buscará el nuevo Ministerio de Salud con esta reforma es poder estabilizar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) alrededor de todo el territorio nacional y asegurar el derecho a la salud de la población, especialmente aquella en situación de pobreza.
“Lo primero que habría que decir es que las EPS están en déficit y muchas están quebradas. En este momento, según las cifras oficiales, por lo menos 14 de las 30 existente están en incumplimiento financiero. Cuando una EPS entra en proceso de liquidación, los pacientes tienen que ser trasladados a otra y llegan al límite y empiezan a funcionar mal. Además de las deudas impagables con clínicas y hospitales. No hay un control del Estado sobre esos recursos y eso requiere una reforma”, puntualizó hace algunas semanas Corcho a El País.
Recordemos que la postura de Corcho hacia el sistema de salud actual siempre ha sido tajante, en un artículo académico que escribió mencionó: En Colombia es sabido que las EPS son cedulares, fueron construidas sin capitales privados y con los aportes públicos de los colombianos; creadas con la cédula, por tanto, el riesgo financiero lo asume realmente el Estado”.
El documento agrega: “esta es la génesis del entuerto que hoy tiene al sistema en un desfalco que el informe de la Supersalud del año 2021 muestra que las cuentas por pagar de 32 de 44 EPS que registraron ascienden a 23,6 billones de pesos y tienen cuentas por cobrar de 13,2 billones de pesos, de las cuales 47% corresponde al ADRES (fondo público de los recursos públicos de la salud). Estos informes los construye la Supersalud con los reportes de las EPS”.
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