El CRIC y Francia Márquez tienen su primera diferencia frente a la consulta previa

El pasado 13 de agosto, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, anunció que el Gobierno nacional tenía contemplado reglamentar la Ley 70 de 1993, que garantiza el derecho fundamental de las comunidades étnicas para decidir sobre las obras o proyectos que se llevan a cabo en sus territorios a través de la consulta previa.

Sin embargo, la lideresa medioambiental señaló que no era posible que una consulta costara entre “10.000 y $15.000 millones” cuando existían comunidades sin agua, sin escuelas y sin vivienda, “eso no va a pasar en este gobierno”, aclaró Márquez en medio de su posesión simbólica en el municipio de Suarez, Cauca.

“La prioridad es garantizar el derecho fundamental a la consulta previa, porque es un derecho, pero en esta garantía, ni en comunidades negras ni indígenas, nos podemos gastar la plata destinada a la inversión de las comunidades”, señaló la vicepresidenta Francia Márquez en el evento.

Ante estas declaraciones, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señaló que su pronunciamiento contrastaba con las posturas políticas que había manifestado y generaba la estigmatización de las comunidades étnicas.

“Estas afirmaciones constituyen una contradicción con sus posturas políticas y generan escenarios de estigmatización a las comunidades étnicas que, en el marco de la defensa de un derecho fundamental, exigen la consulta previa al responsabilizarlas de la carencia de acueductos que permitan que las comunidades del Cauca y el Pacífico colombiano disfruten de agua potable”, indicó el CRIC en un comunicado.

En ese sentido, el consejo, conformado por 139 autoridades indígenas de esta región al suroccidente del país, le aclaró al Gobierno nacional que la consulta previa era un derecho fundamental de los pueblos indígenas y demás comunidades étnicas, “de obligatorio cumplimiento”, el cual debía ejecutarse conforme a los usos y costumbre de cada una de las comunidades y no estaba a disposición de ningún gobierno.

Asimismo, explicó que la consulta previa no era un “regalo, sino fruto de la lucha y resistencia” de las comunidades, con el que se busca proteger los territorios y la cultura de las comunidades que, como en el departamento del Cauca, ha impedido que la tierra y la vida sea “mercantilizada y despojada”, al tiempo que señaló que este mecanismo de participación no debía verse como un obstáculo al desarrollo, sino un instrumento para la protección de la diversidad.

“Esperamos que estos cuatro años de gobierno, de transición democrática para la construcción de un nuevo país, se cimienten sobre la base del respeto y garantías de los derechos colectivos adquiridos por las comunidades étnicas y no sobre la regresividad de estos. Las autoridades y pueblos indígenas del CRIC, no negociamos, no renunciamos y haremos exigible la realización de los procesos de consulta previa”, indicó el consejo.

Por último, sugirió una revisión de los espacios de participación, análisis y proposición de la consulta previa que permitan su efectividad, a la vez que reconocían la decisión de destinar recursos necesarios y suficientes para el mejoramiento de carreteras terciarias y la construcción de acueductos en este departamento, y en la región del Pacífico, una de las más afectadas por el abandono estatal y el conflicto armado.

“No obstante, en ningún caso la inversión social se debe subsidiar con los recursos necesarios de consulta previa, sino con aquellos que se recuperen de las garras de la corrupción, de los desfalcos al Estado, delos que por naturaleza deben destinarse a este objeto y de la burocracia innecesaria”, concluyó el CRIC.

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