El miércoles 17 de agosto las 139 autoridades indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitieron un comunicado en el que denuncian la grave situación de vulneración de los derechos individuales y colectivos que se presentan en sus territorios.
En su carta alertan sobre las violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos “contra nuestros pueblos indígenas por parte de grupos armados ilegales”.
“Las actuaciones y posiciones de estos grupos armados de no aceptar nuestras propias dinámicas políticas, jurídicas, culturales y territoriales, son causas estructurales de la violación a los derechos fundamentales, ya que somos amenazados, señalados, estigmatizados, asesinados, desplazados forzadamente y nuestros niños, niñas, adolescentes reclutados para la guerra, profundizando el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios en el Cauca”, advierten en el comunicado.
El primer hecho de violencia reciente se presentó en la zona Sath Tama Kiwe. El 10 de agosto, denuncia el CRIC, se evidencia la presencia de actores armados del grupo denominado “Comando Coordinador de Occidente; columna Móvil Jaime Martínez, la Columna Móvil Dagoberto Ramos de las FARC-EP” y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, quienes emiten “advertencias a la comunidad mientras permanecían vigilando las actividades que se desarrollaban en torno al carnaval de Caldono”.
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De acuerdo con el CRIC, ese mismo día a través de WhatsApp el consejero mayor Alfonso Díaz fue amenazado de muerte. Así mismo, también fueron señalados otras autoridades del territorio Sath Tama Kiwe, como Lorenzo Piamba y Ovidio Hurtado. “Amenazas dirigidas a desplegar escenarios de guerra y muerte para nuestros líderes y lideresas”, señaló el Consejo Indígena del Cauca.
Otro de los hechos que denunció la autoridad indígena es que la comunidad kiwe thegnas está siendo víctima de desplazamiento forzado por miembros de los grupos paramilitares que hacen presencia en este territorio, “tales señalamientos no son más que una estrategia beligerante para desestabilizar nuestra dinámica política organizativa y el gobierno propio”.
La alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, la 040 de 2020, advierte sobre una “exacerbación de la situación de riesgo de los líderes, lideresas, defensores y defensoras de los Derechos Humanos, localizados en el Suroccidente del país”.
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En el comunicado del CRIC se expresa que los anteriores hechos demuestran “la difícil situación de abandono estatal, por tanto, denunciamos y rechazamos la precaria política para la defensa de los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas, que profundizan las desarmonías en los territorios, desestabilizando los procesos organizativos y la autonomía de los pueblos originarios en el Cauca”.
Al Gobierno de Gustavo Petro le piden acciones concretas para superar la violencia, entre ellas que cumpla con la Sentencia de Tutela N°191374089001-2021-00113-00 emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, que otorga medidas de protección colectiva en favor de la comunidad y territorio Sath Tama Kiwe.
También exigen el cumplimiento del Auto 004 de 2009, que amplía el marco de protección constitucional para 32 pueblos indígenas del país, entre ellos el Pueblo Nasa, como sujeto de especial protección por el riesgo de exterminio físico en el conflicto armado.
“Queremos expresar una vez más que las comunidades indígenas somos cuidadoras de la vida, de los derechos individuales y colectivos y la armonía territorial, no compartimos con las acciones de grupos armados legales e irregulares que vulneran los derechos humanos y DIH, por lo cual la posición de nuestras comunidades es el retiro de todo grupo armado del territorio”, finaliza el CRIC su comunicado.
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