El pasado 14 de agosto se conoció el testimonio de varios uniformados de la Policía quienes afirmaron que el coronel Benjamín Núñez, comandante de la institución en Sucre, fue quien mató a tres jóvenes en el sector de El Chochó para después presentarlos como integrantes del Clan del Golfo y responsabilizarlos de la perpetuación del plan pistola.
Después de dicha revelación, se supo que el alto mando había huído a México; sin embargo, su hermano dijo que esto no es cierto. Sumado a eso, Núñez advirtió el miércoles 17 de agosto que su vida en Colombia corre peligro. Así lo señaló en un documento firmado por él y conocido por Semana.
La misiva, dirigida a la dirección de la Policía, la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía General de la Nación, indica que su cabeza tiene un precio en Sucre, departamento donde él habría cometido los tres ‘falsos positivos’. De acuerdo con información que le llegó, delincuentes ofrecen hasta 50 millones por su vida. También dijo que ha sido “estigmatizado por mi trabajo”, agregando que en las calles y las redes sociales se habla de tal recompensa por hallarlo.
“Se escucha en la ciudad que se dará 50 millones de pesos al que se baje a ese calvo hijueputa y entregue su cabeza”. También reconoce que se está adelantando una investigación por la muerte de los tres jóvenes para, posteriormente, exhibirlos como integrantes de las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia que, previamente, habrían acabado con la vida de un patrullero en el municipio Sampués.
Dichas pesquisas adelantadas por la Justicia Penal Militar, la Fiscalía y la misma Policía (a nivel disciplinario), han sido, según Núñez, los causantes de varias amenazas contra su vida y ataques constantes que han expuesto su seguridad y la de su familia, al punto de que su esposa y su hijo tuvieron que salir de Sucre.
Detalló que antes de ser destituido de la institución, ejerció como “comandante operativo del departamento de Sucre, situación que he afrontado con las responsabilidades que exige mi cargo, de la mejor manera, acogido por la Constitución política y la ley”.
Su testimonio no ha sido el único, pues su hermano reveló en el medio ya citado que un empresario estaría pidiendo 150 millones de pesos por su muerte; “Pero desde meses antes, él ha sido amenazado por bandas criminales. Él ha denunciado corrupción dentro de la Policía”.
Helbert Núñez también señaló que en el testimonio entregado por los uniformados ha sido tergiversado, pues según él, varias unidades participaron en el operativo en el que se cometieron los tres crímenes; y hasta señaló que, “mi hermano trabajaba en un departamento donde más de la mitad de los policías hacen parte de la nómina del Clan del Golfo y él tuvo que denunciar la pérdida de 23 fusiles en febrero, que finalmente aparecieron en poder de las bandas criminarles”.
En el testimonio entregado a Semana, manifestó que si bien no puede afirmar la incidencia del coronel destituido en los hechos, “el estrés que él tenía lo vive cualquier persona de la Policía y más los de su rango”, con lo cual estaría justificando el actuar del uniformado en el operativo donde fueron inhabilitados otros siete policías: la subteniente Camila Biriticá Valencia; y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.
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