Son incontables las veces que se han denunciado, por parte de niños, padres de familia, madres comunitarias, incluso, las mismas autoridades, junto con las administraciones locales, que el Plan de Alimentación Escolar, PAE, no se está cumpliendo. No es un caso aislado, o que solo ocurra en uno o algunos departamentos, o municipios, a nivel nacional hay fallas por que se están entregando productos en pésimo estado: descompuestos, larvas; o en su defecto, no lo están repartiendo. La situación en algunas partes, como el Quindío, es crítica, por eso, desde la Federación Nacional de Departamentos están solicitando que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, nuevamente, retome el control de estas ayudas.
La situación de la alimentación de los niños ha traído casos como la distribución de carne equina, descompuesta incluso, o que, por irregularidades en la contratación, cientos de miles de menores se queden sin la cobertura de estas ayudas, caso que ha ocurrido en Antioquia, Boyacá, hasta en la capital Bogotá; pero, en el departamento del Quindío el problema ha escalado al punto que, por lo menos, 30 mil menores estén con el servicio suspendido.
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Desde el 8 de agosto, la Unión Temporal Sinergia 2022 decidió desestimar la prórroga de la ejecución del PAE en el departamento del Eje Cafetero, quiere decir, hace una semana que los niños están sin servicio de alimentación, en todas las instituciones educativas.
El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, busca, de manera urgente, reactivar el servicio, buscando que se declare la urgencia manifiesta, con el fin de agilizar el trámite, por esto, el mandatario, vocero de la Federación Nacional de Departamentos, le está pidiendo al presidente Gustavo Petro, acciones para solucionar estos inconvenientes.
“Tenemos mil dificultades, de hecho, yo soy vocero de la Federación Nacional de Departamentos y la estamos solicitando el gobierno nacional que el PAE lo maneje directamente Bienestar Familiar, no lo deben manejar las gobernaciones porque las secretarías son de vocación de educación, no de alimentación. Es muy triste para uno como gobernante ver el tema del PAE, es una de las grandes decepciones que uno tiene como gobernador, pues se ha hecho todo lo legal, todo lo que se debe hacer y finalmente los afectados son los niños ante cualquier situación”, aseguró el gobernador en diálogo con Caracol Radio.
De hecho, el tema que ya se ha tratado e investigado por distintas entidades de control, como la Procuraduría General de la Nación, o la Contraloría General de la República, pero aun así no se ha logrado solucionar todas las problemáticas que se han encontrado. Desde el congreso ya se empiezan ver los rechazos, reafirmando que, aunque la intención del PAE es muy buena, el dilema es que se plagó de corrupción el servicio.
Uno de los movimientos que aseguran esto último es el Centro Democrático, enfatizando que fue durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el que creó el PAE, pero, que se está manejando de manera indebida:
“Rechazamos estos actos que ponen en peligro la integridad de nuestros niños. Por eso, impulsamos la Ley que permite que los padres de familia vigilen el Plan de Alimentación Escolar, de autoría del presidente Álvaro Uribe Vélez, para evitar estos actos de corrupción”.
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Según el Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia, OBSSAN, señala que el problema del PAE es el modelo de financiamiento y contratación, que dejan el servicio en manos de entidades que solo buscan el beneficio económico; a pesar que los recursos salen del bolsillo y los impuestos de los colombianos.
“La causa principal de lo que sucede en el PAE y otros programas de este tipo en Colombia es el modelo de financiamiento y, sobre todo, de contratación. La contratación tercerizada permite que operadores privados queden a cargo de la parte más importante del Programa: la prestación del servicio. Así, los recursos quedan en manos de empresas cuyo objetivo es el lucro, incluso a costa del bienestar de los niños. Y todo sucede gracias a un modelo de negocio muy rentable en virtud de la falta de control, y no pocas veces a la complicidad, de las entidades estatales”, explica el observatorio.
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