JEP y Misión de Verificación de la ONU en Colombia activan mecanismo de monitoreo de sanciones

Este martes 16 de agosto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia firmaron el protocolo que activa el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias (Mmvsp), una instancia que apoyará las tareas de verificación y cumplimiento de las sanciones propias de la justicia transicional.

Este mecanismo, contemplado en el Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, busca garantizar la articulación de la Sección de Primera Instancia para casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la Misión de Verificación de la ONU y la Secretaría Ejecutiva de la JEP, componentes que buscan garantizar el cumplimiento de las condiciones para la implementación de las sanciones restaurativas.

“De los tres tipos de sanciones que impondrá la JEP, las sanciones propias o restaurativas son las únicas que no conducen a la cárcel, pero implican la restricción efectiva de libertades y derechos y el cumplimiento de trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurador que deben ser monitoreados y verificados para garantizar su efectivo cumplimiento. Estas sanciones tendrán una duración máxima de ocho años”, indicó la justicia transicional.

Dentro de las funciones que tendrá la Mmvsp destacan el intercambio de información del monitoreo y verificación de las sanciones; la articulación de acciones con actores externos territoriales, nacionales e internacionales vinculados al seguimiento, así como las autoridades locales; la articulación de acciones con autoridades tradicionales e instituciones representativas de los pueblos étnicos; y la prevención de dificultades y la identificación de los desafíos de la implementación de estas sanciones.

La Secretaría Ejecutiva de la JEP tomará un rol técnico y administrativo en el proceso de “monitoreo, recaudo de la información, documentación y certificación que soporta la labor judicial del cumplimiento de la sanción”; por su parte, la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la justicia transicional impondrá las sanciones propias y hará un seguimiento de estas.

Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia tiene el mandato de verificar que los sancionados cumplan con estas medidas restaurativas y que el Estado establezca condiciones necesarias para este propósito, al tiempo que adoptará un enfoque estratégico e inclusivo para realizar esta verificación, y concentrará sus esfuerzos en monitorear las tendencias generales y los casos individuales.

“A través del MMVSP, los tres componentes, aunque autónomos e independientes, ponen a disposición sus capacidades y herramientas para asegurar las tareas de monitoreo y verificación de las sanciones propias, con el fin de contribuir al éxito y a la legitimidad del sistema de justicia transicional restaurativo, a la efectividad de la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, así como a la seguridad jurídica de los y las comparecientes”, indicó la JEP.

El pasado 17 de junio de 2020, el entonces consejero presidencial para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila, envió una carta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la que aceptaba la petición de extender el tiempo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia con el propósito de monitorear las sanciones propias del tribunal para la paz.

“El Gobierno Nacional considera que ese apoyo constituirá un aporte a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, indicó en esa oportunidad el Gobierno nacional.

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