Paramilitares y guerrilleros continúan amedrentando a comunidades rurales del caribe

En Guajira, Bolívar, Magdalena y Atlántico diferentes grupos paramilitares y guerrilleros están ganando control territorial a costa de amedrentar a la población. En lo que va corrido de agosto los criminales han reforzado su accionar delictivo con el fin de recolectar dinero para financiar su estructura y apoderarse de corredores claves para el tráfico de drogas.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidos como Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como los Pachenca, son los principales verdugos de estas poblaciones.

Así está el panorama actual en cuatro departamentos del caribe que sufren el recrudecimiento de la violencia:

En este departamento los problemas se reportan principalmente al sur. En el municipio de San Pablo se reporta que el Clan del Golfo decretó paro armado; y en Santa Rosa del Sur, Arenal del Sur, Montecristo y Morales, esa misma estructura está enfrentándose con el ELN por el control del territorio.

Por esta situación, más de 600 familias han salido desplazadas del sur de Bolívar. Se prevé que más víctimas podría salir de sus hogares en los próximos días, por lo que activistas hacen un llamado a las autoridades para implementar medidas que mitiguen la situación.

En respuesta, las autoridades lograron desarticular una comisión integrada por siete presuntos integrantes del ELN este 15 de agosto. Se resalta que en el grupo había un menor de edad reclutado forzadamente.

Diferentes líderes sociales del departamento están elevando alertas serias acerca del retorno de los paramilitares a la zona. El Clan del Golfo y Los Pachenca están sosteniendo enfrentamientos armados en comunidades rurales, especialmente las aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta para quedarse con espacios para cultivos ilícitos y rutas para sacar la droga.

En Palmor de la Sierra, corregimiento adscrito a Ciénaga, los ciudadanos están confinados por cuenta del grupo narcoparamilitar. Los criminales están impidiendo que la población desarrolle sus actividades cotidianas; los adultos no pueden salir a trabajar, los niños no pueden ir a las escuelas y los comercios están cerrados.

En la vereda Jonolura, también adscrita Ciénaga, este 15 de agosto se reportaron combates entre los paramilitares.

Días previos en el municipio de Fundación también se reportaron acciones criminales contra la población. El 12 de agosto sicarios asesinaron a una joven embarazada y a su hermano. A pesar de la intervención de los médicos ninguno delos adultos se salvó y el bebé tampoco sobrevivió.

Aunque en la última semana las acciones criminales han mermado, los comerciantes y conducir del bus de este departamento están alerta por las extorsiones que estuvieron recibiendo.

Hay que recordar que hace dos semanas los afectados por los grupos criminales en Barranquilla y su área metropolitana estuvieron en paro de sus actividades.

El servicio de transporte hasta este 15 de agosto funciona normal, pero varios conductores renunciaron a su puesto. Así mismo, según la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), 100 negocios, cuyos dueños estaban siendo amedrentados, están cerrados.

En las últimas horas, tres hombres que harían parte de un resguardo indígena wayuú, fueron asesinados por sicarios que sin mediar palabra les dispararon. El hecho se presentó en La Raya, justo en la frontera que divide a Colombia y Venezuela,

Hay que recordar que en el departamento sigue vigente una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo en la que se señala que el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras locales están ejerciendo presión sobre la comunidad. “Las acciones violentas se encaminan a la imposición de un orden social en los territorios focalizados a partir de amenaza en contra de la vida e integridad física de las personas, homicidios, secuestro, extorsiones, violencia basada en género, enfrentamientos con interposición de la población civil, desplazamiento y reclutamiento forzado; y uso de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de diversas economías ilegales”, asegura la entidad estatal.

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