Durante este domingo, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia le dio un espaldarazo al mensaje entregado el sábado 13 de agosto por el presidente Gustavo Petro donde se refirió a las afectaciones que tendrán las hojas de vida de los militares si no se comprometen al neutralizar al máximo las masacres y muertes de líderes sociales en el país.
Y es que de acuerdo con registros informe Cifras durante el gobierno de Iván Duque del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz —Indepaz— entre el 7 de agosto de 2018 y el 1 de agosto de 2022 fueron perpetradas 313 masacres que dejaron 1.192 víctimas, siendo 2021 el año más violento en los territorios, pues en ese periodo se cometieron 95 hechos donde fueron asesinadas 335 personas, entre mujeres, integrantes de comunidades indígenas y excombatientes de las Farc.
“Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”, fue la instrucción del presidente Petro a la fuerza pública. Dicho mensaje fue bien recibido por diferentes sectores y organizaciones, como la delegación de la ONU en Colombia. A través de su cuenta de Twitter, saludaron el mensaje del mandatario en defensa de quienes ejercen liderazgos sociales.
De paso, indicaron que “los resultados deben medirse por vidas salvadas y protección y garantía de derechos humanos” y mencionaron al ministro de Defensa, Iván Velásquez.
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La oficina de la ONU que actualmente está encabezada por la Alta Comisionada Juliette de Rivero celebró la liberación de nueve secuestrados por parte del ELN e hizo un llamado a la grave situación humanitaria que se desarrolla en Cauca por cuenta de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, siendo las comunidades indígenas las principales afectadas.
“Frente a la liberación de rehenes en Arauca, y las afectaciones a la comunidad, reiteramos a todos los actores armados su obligación de respetar a la población civil”, indicó en otro trino el organismo multilateral. Cabe indicar que durante este domingo, el Consejo Regional Indígena del Cauca —CRIC— advirtió que uno de sus consejeros mayores ha sido amenazado, producto de la situación humanitaria presentada en varios territorios ancestrales.
“Las actuaciones y posiciones de estos grupos armados de no aceptar nuestras propias dinámicas políticas, jurídicas, culturales y territoriales, son causas estructurales de la violación a los derechos fundamentales”, señaló la organización indígena a través de un pronunciamiento donde le piden a la comunidad internacional velar por la seguridad de más de los pueblos Ampiuille, Polindara, Nasa, Misak, Epedara- Siapidara, Yanakuna, Totoroéz, Embera, Kokonuco, Kisgo e Inga.
Asimismo, señalan que esas afectaciones sobre sus prácticas generan amenazas, perfilamientos, asesinatos, estigmatizaciones a las comunidades indígenas, desplazamientos forzados y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, “profundizando el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios en el Cauca”.
También le pidieron a organismos multilaterales como la CIDH y la ONU “acordar “acciones inmediatas frente a cualquier riesgo y que coadyuven en coordinación con la jurisdicción especial indígena a generar políticas de protección” y manifestaron estar contra cualquier acción de grupos legales e irregulares que vulneren los derechos humanos y atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.
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