Los retos que tendrá el gobierno de Gustavo Petro con la Reforma Agraria

La ministra de Agricultura, Cecilia López, se refirió hace unos días a que la prioridad en materia de tierras es meterle acelerador al catastro multipropósito

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Campesinos trabajan en un cultivo
Campesinos trabajan en un cultivo de papa sobre la vía que une a las ciudades de Bogotá y Tunja, en Ventaquemada (Colombia). Fotografía de archivo. EFE/Carlos Ortega

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió este sábado 14 de agosto al 7° Congreso Empresarial Colombiano y a la edición 78 de la Asamblea de afiliados de la ANDI. En el espacio empresarial, el mandatario nacional destacó los proyectos de la Reforma Agraria, la producción en el campo y la generación de riqueza.

“(...) Sin institucionalidad tenemos que construir una política industrial, porque es en la producción donde se genera la riqueza”, mencionó el mandatario. Sus palabras hacen un gran eco, pues uno de los retos que se propuso este gobierno es avanzar en una reforma agraria que logre modernizar el campo colombiano y avanzar en la formalización de la tierra para potenciar la economía desde ahí y poder dejar a un lado la dependencia del petróleo y de la economía extractivista que ha premiado durante muchos años en el país.

En esta línea, la ministra de Agricultura, Cecilia López, explicó el primer paso que se dará desde el gobierno actual para poder avanzar en la potencialización del agro. La funcionaria anunció que le meterá acelerador al catastro multipropósito con el fin de avanzar en la redistribución de las tierras.

La distinción de la tierra, es ineludible, si en Colombia no la distribuimos, de manera que no haya tierras improductivas, y que no lleguen a personas que hoy no tienen posibilidad con hectáreas mínimas para una vida sostenible, si no hacemos una distribución de la tierra no se podrá reactivar el campo y la economía. Pero eso no es a dedo, lo decide el dueño de la tierra cuando tenga el catastro multipropósito; lo vamos a acelerar, en las zonas rurales deja de subestimarse el valor de la tierra y al acercarse a su valor comercial aumenta el impuesto”, sostuvo López.

Pese a los avances, hay que recordar que el problema de las tierras en Colombia viene de tiempo, incluso, es considerado una de las razones por las que en el país estalló el conflicto armado interno; y si se miran las cifras oficiales al día de hoy, en Colombia faltan por formalizar 2,6 millones de predios.

Por lo que el portal 070 habló con Jhenifer Mojica, abogada, experta en temas agrarios y defensora de derechos de las comunidades campesina, indígena y afro, además, de ser la coordinadora del empalme del sector agrario sobre los retos que se deben afrontar en materia de reforma en los próximos cuatro años.

La experta comenzó planteando las deficiencias que tuvo el gobierno de Iván Duque y anotó que en este punto, la nueva administración debe hacer una implementación progresiva de las políticas integrales de tierras con un enfoque territorial.

“Hay que hacer una implementación progresiva de las políticas integrales de tierras con un enfoque territorial —no individual, como se ha venido haciendo— y también un barrido predial. El decreto ley 902 de 2017, expedido después del Acuerdo de Paz, ordenó ese barrido y no se hizo. La agenda del nuevo gobierno, volver a Colombia una potencia alimentaria y pagar la deuda histórica con las comunidades más vulnerables, debería marcar por dónde comenzar un programa a mediano y largo plazo desde el Ministerio de Agricultura. Ahí el foco de atención es el Fondo de Tierras para la Paz, que tiene un rezago enorme y terrible que se debe recuperar para lograr la redistribución de tierras”, anotó.

Esto recae en la Agencia que se creó con el acuerdo de paz y su funcionamiento, que hasta el momento se ha centralizado en Bogotá y esto ha limitado de forma significativa su actuar territorial, por lo que Mojica sugiere que se le cambie el enfoque: “Yo creo que este gobierno va a tomar sobre todo decisiones de transición que permitan cambiar el enfoque de la agencia para que avance, pero utilizando los recursos y la capacidad de manera más inteligente”, señaló la experta.

Y agregó al medio de la Universidad de los Andes, el ejemplo de que con el tiempo se han dificultado los procesos al interior del mecanismo: “Las dilaciones en los procesos han sido por la falta de determinación de la agencia. Por ejemplo, por decreto se simplificaron los procedimientos en uno solo, pero después la agencia creó dieciséis procedimientos únicos. Lo mismo pasa con las solicitudes de reserva campesina, resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afro, donde los trámites son cada vez más engorrosos y con un mayor nivel de requisitos que los hacen imposibles de terminar”.

Además de las deficiencias institucionales y la distribución de las tierras, el otro macro problema que señala la abogada que se debe solucionar es el costo de la producción que en el país puede llegar a ser elevado. En este sentido, mencionó que el Estado deberá: generar inversiones públicas para bajar los costos de producción y para que los productos nacionales sean más competitivos; y formular una política de comercialización y abastecimiento que integre mecanismos dependiendo de las regiones.

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