Los miembros de Naciones Unidas deberán ponerse de acuerdo en los próximos días sobre las formas para proteger y gestionar las aguas internacionales a través de un instrumento de obligatorio cumplimiento.
Estas aguas de altamar, que cubren el 64% del planeta, llamadas ‘aguas de nadie’, deben convertirse en ‘aguas de todos’, ya que juegan un rol vital para soportar las pesquerías, brindando hábitat para cientos de miles de especies, y para mitigar los impactos del cambio climático. Sin embargo, actualmente no están reguladas, pues estas aguas están ubicadas más allá de las aguas bajo jurisdicción nacional, por lo cual son ecosistemas altamente explotados.
En 2011, la Asamblea General de la ONU subrayó los principales asuntos para ser abordados por el tratado oceánico y que los estados claramente querían un tratado robusto y ambicioso. El tratado necesita llenar el vacío legal bajo la Convención del Derecho del Mar de la ONU (CONVEMAR) para poner en marcha un mecanismo globalmente reconocido, a fin de establecer Áreas Marinas Protegidas en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Esto incluiría una Conferencia de las Partes a cargo de la creación de AMPs en dichas áreas.
Al respecto, la WWF Colombia considera que esta “alta ambición” necesita de un régimen de “cooperación mejorada” que llene vacíos en los acuerdos existentes, y que elabore u operacionalice la labor general de la Convención de la Ley del Océano de la ONU para facilitar la cooperación e implementación de las tantas obligaciones y compromisos para poner en marcha los tratados existentes y las decisiones relevantes de los cuerpos internacionales.
La entidad llama a los Estados miembros, entre ellos Colombia, que acaba de confirmar a Susana Muhamad como su nueva ministro de Ambiente, a adoptar un acuerdo global ambicioso y jurídicamente vinculante para proteger la vida marina presente en las áreas más allá de las jurisdicciones nacionales (ABNJ) durante la quinta sesión de la Conferencia Intergubernamental de Biodiversidad Marina en Áreas Más Allá de la Jurisdicción Nacional, que se llevará a cabo del 15 al 26 de agosto.
“La altamar encarna la tragedia de los comunes. Como no pertenecen a nadie, han sido tratados descuidadamente con impunidad. Necesitamos un mecanismo de gobernanza en común para nuestros océanos y para garantizar que las aguas de nadie se conviertan en las aguas de todos y, por ende, en la responsabilidad de todos,” afirma Marco Lambertini, director general de WWF Internacional.
“Cincuenta países se han comprometido a lograr un acuerdo oceánico ambicioso que siente las bases para proteger el 30% de los océanos y para evaluar el impacto ambiental de las actividades en altamar. Llamamos a todos los Estados miembro de la ONU a hacer lo mismo y a alcanzar un buen resultado tras años de negociaciones. Los líderes deben entregar un tratado robusto y equitativo de biodiversidad para que las aguas de altamar nos puedan ayudar a revertir la pérdida de naturaleza esta década, y asegurar para todos un futuro más saludable y sostenible”, añadió.
Este tratado oceánico puede ser determinante para proteger el valor excepcional de las áreas de altamar y aumentar la resiliencia de las pesquerías más importantes económicamente. Sin embargo, para lograrlo, se requiere que los negociadores tomen acción y alcancen las ambiciones globales.
“No podremos alcanzar la ambición global para proteger el 30% de nuestros océanos para 2030 sin un marco para designar y gestionar áreas protegidas más allá de las jurisdicciones nacionales”, señala la WWF Colombia. “El Tratado oceánico en negociación, busca guiar a los Estados a través de un mecanismo de gobernanza robusto y equitativo a fin de conservar y hacer un uso sostenible de los recursos compartidos de la altamar”.
Al mismo tiempo, este mecanismo puede beneficiar a aquellos que dependen de la pesca para su seguridad alimentaria y para sus formas de vida, poniendo restricciones mediante áreas protegidas que previenen la sobrepesca y otras prácticas destructivas, mientras garantizan la conectividad, poblaciones de peces más saludables y la provisión de beneficios de la naturaleza para toda la humanidad.
Para un nuevo tratado que cumpla con este potencial, WWF sostiene que los Estados miembros deberán resolver asuntos clave con relación a mejores condiciones para una cooperación efectiva asegurando la creación y el monitoreo de las áreas protegidas marinas en altamar, sometiendo todas las actividades en alta mar a una evaluación de impactos ambientales, estableciendo un régimen para manejar los recursos genéticos marinos, y generando y fortaleciendo capacidades, transferencia de tecnología y mecanismos de monitoreo.
“El océano está bajo presión por el incremento de las actividades humanas y un nuevo tratado oceánico es crucial para aliviar la presión y asegurar que todas estas actividades estén gestionadas holísticamente, teniendo en el centro a la biodiversidad y a los servicios y funciones ecosistémicas que brindan a la humanidad. Solo así podemos encaminar al océano en una ruta de recuperación y sostenibilidad”, afirmó Jessica Battle, experta global en Gobernanza Oceánica y Política de WWF.
“Dejar la mitad de nuestro planeta pobremente regulado no beneficia a nadie. Esta sesión de negociaciones debe aspirar al más ambicioso compromiso posible. Es hora de dejar a un lado el interés individual y tomar las decisiones correctas para el futuro de nuestros océanos, nuestro clima y nuestras comunidades”, añadió.
WWF identificó como un punto clave en la implementación la necesidad de hacer operativa la obligación establecida en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de someter todas las actividades planificadas en áreas fuera de la jurisdicción nacional a un proceso de evaluación de impacto ambiental, independientemente de su impacto ambiental proyectado, como parte del deber de los estados de proteger y preservar el medio ambiente marino. Adicionalmente, las Evaluaciones Ambientales Estratégicas ayudarían a reducir los impactos acumulativos sobre el océano.
En su momento, la ambientalista Sandra Bessudo, en entrevista con Infobae, comentó que uno de los grandes retos en el país, en este sentido, es seguir trabajando en la lucha contra la pesca ilegal de manera correcta y logrando que ésta sea una actividad sostenible en donde no se empleen las mismas artes, en donde queden a un lado las malas prácticas, donde se detengan las capturas incidentales sobre especies amenazadas y se continúe con la investigación científica. Sin embargo, para que exista realmente una protección, se sabe que lo más apropiado es implementar más zonas ‘no take’.
Respecto a las tres amenazas principales en materia oceanográfica (contaminación, calentamiento global y sobrepresca), Bessudo señala que no se debe menospreciar ninguna de las tres problemáticas.
“Las tres suceden y desafortunadamente hay efectos que ya son globales. El cambio climático es un tema que cada país debe trabajar para así disminuir las emisiones de CO2. Sin embargo, Colombia es un país muy limpio en materia de emisiones, pero mantener sus ecosistemas como los bosques, los manglares y todos aquellos que capturan el carbono para producir oxígeno, es muy importante. En cuanto a la contaminación, hay diferentes fuentes (...) La pesca ilegal o la sobrepesca es otro fenómeno que se viene dando sobre todo desde los años 50, aumentó mucho los 70, 80, 90, cuando se empezó a tecnificar. Esto ha ocasionado la disminución de muchas especies que han sido sobre pescadas, pues hoy en muchos sitios ya no se encuentran, las tallas son más pequeñas y los pescadores tienen que ir más lejos para pescar . Entonces, la sobrepesca también está atentando contra la seguridad alimentaria de las comunidades costeras que son las que dependen de este recurso”.
Al adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas asociadas, los estados se comprometieron a hacer más para ayudarse y apoyarse mutuamente, incluso a través de acuerdos de desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología. Hay mucho que se puede y se debe hacer mediante la implementación de un tratado oceánico ambicioso, incluida la presentación de informes adecuados para que se pueda seguir el progreso.
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