La relación entre Sor Teresa, el paramilitarismo y la situación territorial de la región de Urabá

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Justicia Especial para la Paz citó a Sor Teresa Gómez Álvarez para que dé testimonio sobre información relevante que conozca en relación al conflicto armado en la región de Urabá y el accionar paramilitar en esa zona.

Gómez es cuñada de los comandantes paramilitares Castaño Gil y desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas. La diligencia será de manera virtual los días 6 y 7 de octubre de 2022 y se da en el marco del Caso 04 que investiga la situación territorial de Urabá. Actualmente, la solicitud de sometimiento de Sor Teresa Gómez a la JEP aún no se ha resuelto.

Sor Teresa fue clave en el proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda la región del Urabá Antioqueño, pues fue una emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño. La mujer andaba con dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían salido ocupadas por sujetos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención.

En este contexto, le resulta incuestionable que la acusada estuvo involucrada en la asociación criminal paramilitar que diseñó, planeó y ejecutó el proyecto palmicultor, como la encargada de pagar a las personas que de diversas formas vendían sus propiedades, es decir, ejecutó múltiples acciones en la región de Belén de Bajirá.

Para la Fiscalía, la procesada Sor Teresa, de manera arbitraria y mediante actos coactivos, despojó a varias personas de sus tierras ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamandó. En estas condiciones, le atribuyó responsabilidad, a título de coautora material de la conducta de desplazamiento forzado.

En relación con la invasión de áreas de especial importancia ecológica, adujo que se demostró que Sor Teresa fue una de las personas que pagó los fundos rurales con el propósito de cultivar palma de aceite, predios que se ubican en los territorios colectivos de las comunidades negras.

Es decir, su conducta se enmarca en la acepción de invadir las áreas protegidas por la Ley 70 de 1993, pues contribuyó en la adquisición de tierras que posteriormente quedaron en manos de la empresa URAPALMA. Por tanto, el Fiscal solicitó la condena de esta justiciable como coautora de los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de cometer desplazamientos, desplazamiento forzado - en concurso homogéneo y sucesivo- e invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Sor Teresa fue representante legal de Funpazcor, fundación sin ánimo de lucro apoyado por el proyecto paramilitar, y quien actuando como intermediaria entre el actor armado ilegal y el Fondo Ganadero de Córdoba (hoy en liquidación), participó activamente en la compra de tierras en la región de Tulapas.

Funpazcor era el instrumento social y económico de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -ACCU-, que utilizó la entrega de tierras a campesinos y miembros de la organización para asegurar su base social, mantener el usufructo de los predios de los hermanos Castaño Gil y encubrir y canalizar las finanzas del grupo armado.

Estas eran manejadas por Jacinto Alberto Soto Toro en Medellín, pues es evidente la relación entre las finanzas y la contabilidad llevadas por éste, Funpazcor y Sor Teresa Gómez. A través de aquél se les entregaban a los comandantes de zona los recursos para pagar las nóminas. Había también una oficina alterna ubicada en las mismas instalaciones de Funpazcor llamada Caheca, de propiedad de Carlos y Héctor Castaño, en la cual se consignaban los dineros provenientes de las fincas y el negocio de ganado y que servían para sostener a la organización.

El caso de Urabá es uno de los más claros ejemplos de cooperación paramilitar con el Estado y la empresa privada para el desplazamiento forzado y la victimización de comunidades negras, indígenas y campesinas, en fin de ejercer control territorial para beneficios del capital.

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