Comisión de la Verdad señala que sí existieron alianzas entre paramilitares y multinacionales mineras en Colombia

“Si nosotros colocamos un mapa, hacemos un mapa de todas las masacres, de los desplazamientos y de los despojos de tierra y hacemos un mapa de los cultivos de palma aceitera y de la explotación minera y los ponemos sobre el mapa donde existieron las masacres y el despojo, coinciden totalmente”

Dicho relato de un líder campesino a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hace parte del capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ del Informe Final presentado al país el pasado 29 de junio. Dicho relato hace parte del despojo que sufrieron agricultores para el cultivo de palma y la extracción de minerales en zonas como el Caribe Colombiano, así como las alianzas entre multinacionales y las Autodefensas Unidas de Colombia.

De hecho, menciona las alianzas que tuvieron varias compañías mineras extranjeras con las AUC; pero primero, el capítulo detalla que desde 2006, la estadounidense Drummond ha financiado a las Fuerzas Militares en conjunto con otras multinacionales a través de acuerdos que suman casi 5.000 millones de pesos. En 2012, estos acuerdos de cooperación entre el Ejército y las multinacionales, generaron serias violaciones a los derechos humanos, como asesinatos contra parceleros en Mechoacán y El Prado, centros mineros del Cesar.

El despojo de tierras era una práctica frecuente en esta zona del país y patrocinada por entidades como el Fondo Ganadero de Córdoba, que con ayuda de paramilitares despojaron de manera forzada a 150 familias de 121 predios en el sector de Las Tulapas. Este y otros hechos ocurrieron en departamentos como Cesar, Magdalena y Antioquia, y de manera paralela, se fue consolidando el distrito minero de La Jagua, el complejo minero de carbón más grande del país.

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De acuerdo con el tomo del Informe Final, “se constituyó sobre parcelas despojadas a los campesinos y luego entregadas en títulos mineros a las multinacionales Drummond” y a Prodeco-Glencore de Suiza, y en los años 2001 y 2002 hubo una fuerte arremetida de agentes paraestatales contra sindicalistas, incluyendo Valmore Locarno Rodríguez y Víctor Hugo Orcasita Maya, presidente y vicepresidente de Sintramienergética, quienes promovieron la huelga contra Drummond.

Estos crímenes fueron atribuidos al frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las AUC, al mando de Oscar Ospino Pacheco, alias Tolemaida, Jaime Blanco, contratista de esta multinacional encargado de suministrar la alimentación para los trabajadores de la mina La Loma, ubicada en Cesar; y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. De hecho, Blanco Maya le confesó a la Comisión que su compañía Servicios y Alimentación (ISA) “sirvió como mecanismo para canalizar dineros de Drummond a favor del Bloque Norte de las AUC a través de sobrecostos en contratos de alimentación”.

A su vez, la entidad naciente del Acuerdo Final de Paz indicó que “hubo una confluencia entre el aparato militar del Estado, la actuación de grupos paramilitares y la multinacional Drummond para asegurar su proyecto extractivo. Numerosas fuentes sostienen que directivos y contratistas de la Drummond patrocinaron económicamente, al menos entre 1996 y 2001” al frente ya mencionado de las Autodefensas. Así lo detalló también el tomo publicado por la Comisión de la Verdad el pasado 8 de agosto.

Dicho patrocinio no solo fue para impedir las acciones armadas contra sus instalaciones en Colombia, sino también para fortalecer la expansión de su proyecto de extracción de carbón en el norte del país. El documento también apunta que, hasta el momento, no hay decisiones judiciales que condenen a directivos de esta compañía estadounidense a pesar de la existencia de testimonios en su contra recogidos en el proceso de Justicia y Paz.

Por otra parte, la compañía insiste en su inocencia argumentando que no ha estado involucrada con actividades ligadas a grupos ilegales, y que los testimonios entregados por exparamilitares “son falsos y contradictorios”.

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