Julio y agosto son los últimos dos meses de la Comisión de la Verdad y en los que sus miembros tienen la misión de dar a conocer y difundir el legado de esa institución: el Informe Final. En ese tiempo, también, los opositores al texto y al Acuerdo de Paz firmado con las Farc, se han encargado de cuestionar supuestas conclusiones a las que llegó el trabajo de más de cuatro años, expuesto en cientos de páginas de 10 volúmenes, por investigadores y comisionados.
Este domingo, el expresidente Álvaro Uribe volvió a hacer mención a la Comisión de la Verdad, con una cuestionable afirmación que le atribuyó. “Una cosa es aplicar la ley a un militar o policía que delinca, otra, muy grave, es presumir como la Comisión de Verdad, que la institución democrática FFAA es la responsable de la violencia, tantos años tolerada por civiles refugiados en la palabra paz y negados a ejercer autoridad”, escribió en su cuenta de Twitter.
El pronunciamiento del exmandatario se produce, al parecer, a raíz de un comentario del presidente Gustavo Petro, quien señaló: “La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”.
Esa advertencia del mandatario no cayó bien en varios sectores políticos. Incluso la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro (Acore) se pronunció en contra, según declaraciones del presidente de esa organización José John Marulanda, en diálogo con RCN Mundo.
Según dijo el líder de la Asociación, la orden puede derivar en que “todos los cuadros y los soldados que estén involucrados en algún tipo de masacre, asesinato o lo que sea en cualquier parte del país serán responsables penales de esos hechos” y que podría no ser bien recibido por quienes se encuentran al frente de los batallones.
Al respecto, también se han pronunciado otros miembros del Centro Democrático, como las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, quienes sostienen que la responsabilidad de las masacres no recae en los miembros de la Fuerza Pública.
“Presidente Petro las masacres y el asesinato de los líderes sociales lo ejecutan el ELN, las disidencias de las FARC y todo el narcotráfico con el que usted quiere negociar y otorgarle beneficios. Mire a los victimarios no a quienes protegen (sic) a los ciudadanos”, señaló Valencia.
“Que Petro no se equivoque, los masacradores y violadores de derechos humanos son los que están esperando por el perdón social que él les prometió”, dijo la senadora Cabal al respecto.
Tanto Cabal como Valencia han sido las voces líderes de la oposición al presidente Petro desde el Congreso. Además, se han sumado a las críticas al Informe Final de la Comisión de la Verdad, así como que este sea discutido en los colegios, como se ha propuesto desde el Ministerio de Educación y que ya realizó la Alcaldía de Bogotá.
“Si la comisión hubiese sido integrada por las diferentes fuerzas políticas, los empresarios, los campesinos, las fuerzas armadas, en fin, todos, y hubiera recogido todas las narrativas existentes, tal vez hubiéramos podido llegar a una narrativa general y donde todos cupiéramos”, señaló Valencia.
“Si vamos a contarle la verdad a los niños, empecemos por decirles cómo las FARC se los quitaba a los papás, campesinos humildes, para someterlos a todo tipo de atrocidades”, señaló también la senadora Cabal, a través de su cuenta de Twitter.
Lo cierto es que la Comisión de la Verdad buscó establecer los patrones de la violencia, las particularidades del conflicto y sus caracteres de persistencia, más allá de casos puntuales o responsabilidades individuales. En ese sentido, aborda a todos los actores intervinientes como las guerrillas y los paramilitares, así como el Estado y las fuerzas militares. Reconoce que todos los actores armados cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos.
Por ejemplo, en la página 141 del volumen de Hallazgos y Recomendaciones, que tiene más de 900 páginas, se detalla que “según el estudio desarrollado por la Comisión junto con la JEP y HRDAG, los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45 % de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27 % de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12 % (56.094 víctimas).Del porcentaje de guerrillas, el 21 % corresponde a las FARC-EP, el 4 % al ELN y el 2 % a otras guerrillas”.
En ese mismo documento se expone la multiplicidad de los factores, desde los diferentes actores, que contribuyeron a la violencia insurgente del conflicto armado en la década de 1970. En la página 101 se lista que tras el triunfo de la revolución cubana el movimiento social se radicalizó contra la falta de reformas del Estado conformados por élites; las guerrillas decidieron la toma del poder por la vía armada, el Estatuto de Seguridad del presidente Julio César Turbay ocasionó violaciones a los DD.HH. y llegó el narcotráfico como actor político y social. Incluso se describe este último como “el factor quizá más determinante de todos”.
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