El viernes 12 de agosto, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y el Consorcio Expansión Ptar Salitre, encargado de la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bogotá, acudieron a la figura del ‘amigable componedor’ con el propósito de llegar a una solución definitiva frente a las diferencias presentadas en el desarrollo de esta obra que tiene el propósito de descontaminar el río Bogotá, y que debía ser entregada en 2021.
Esta figura jurídica, que fue promovida por la Procuraduría General de la Nación y que estará en manos del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, tiene el propósito de adelantar un análisis técnico y jurídico integral al contrato de la obra y emitirá las decisiones que serán de obligatorio cumplimiento para concluir con este proyecto que busca beneficiar a millones de ciudadanos al occidente de la capital y que tiene un retraso de más de un año.
A su vez, las partes acordaron que se otorgaría un plazo de seis meses adicionales para que la figura del ‘amigable componedor’, que estará a cargo del Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICRD) adelante un análisis integral de este contrato con el fin de concluir la obra de manera efectiva, que había sido cuestionada por parte de la alcaldesa Claudia López y la Contraloría de Bogotá.
“La Procuraduría continuará con el seguimiento preventivo a la ejecución de la PTAR Salitre II y a las decisiones que se adopten en instancias jurídicas, en aras de velar por el correcto desarrollo del proyecto, por la protección de los recursos públicos y defensa de los derechos de los bogotanos”, indicó el órgano de control quien convocó a este proceso de conciliación luego de una serie de desacuerdos entre las partes.
En esta reunión, que se produce una semana después que las partes anunciara que habían llegado a un acuerdo que correspondía a la ampliación del plazo para entregar el Ptar Salitre, participaron el Ministerio Público, la mandataria de la capital y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), al representante del consorcio interventor y a la Contraloría General de la República.
El pasado 4 de agosto, el director de la CAR, Luis Fernando Sanabria, confirmó el acuerdo con el consorcio y explicó que este proceso se realizaría en dos etapas: una inicial en la que un interviniente, cuya figura jurídica era denominada ‘amigable componedor’, realizaría un informe sobre la diferencia de las partes con relación a la terminación de las actividades y la segunda que corresponde a una enmienda para la ejecución de dichas obras.
“Se trata de un escenario que nos permite ampliar el plazo, tiempo durante el cual un tercer interviniente presentará el informe correspondiente. No habrá una adición en recursos, sino solo en tiempo para garantizar la entrega óptima de la planta”, explicó el director de la CAR, quien indicó que las partes se encontraban evaluando el tiempo requerido para este propósito, el cual se fijó en seis meses.
En ese sentido, el funcionario aclaró que este contrato no contará con una adición de recursos, debido a que se trata de un contrato firmado bajo la modalidad ‘llave en mano’ en el que se establece que el contratante recibe la obra concluida sin que se tenga que incurrir en gastos adicionales, ya que estos deben ser asumidos por el mismo contratista, que en este caso corresponde al Consorcio Expansión PTAR Salitre (CESP).
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