En más de $ 70 millones se estiman los daños a buses de Transmilenio durante las protestas de los bicitaxistas

Durante las manifestaciones de los transportadores informales hubo una serie de hechos vandálicos que afecto a decenas de buses biarticulados y zonales

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Imagen de referencia de un
Imagen de referencia de un bus del SITP vandalizado. Foto: Twitter @GobiernoBTA

Unos 76 millones de pesos se estima en el Distrito que costará la reparación de los daños que se produjeron por los actos de vandalismo que se reportaron en la mañana y el mediodía del viernes en el sector de Patiobonito, en el sur de Bogotá, en medio de las protestas de los bicitaxistas.

De acuerdo con un comunicado de la empresa de transporte masivo de la capital colombiana, durante las manifestaciones de los transportadores informales resultaron afectados 17 buses troncales, o biarticulados, y 20 zonales.

La jornada de protesta se llevó a cabo después de las 10 de la mañana en esa zona de la ciudad, lo que provocó congestión vehicular hasta casi las 3 de la tarde, cuando intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía ante la oleada de vandalismo sobre los automotores de servicio público.

“Durante el transcurso del día, desafortunadamente dos operadores del componente zonal resultaron lesionados”, indicaron también en Transmilenio.

Incluso, en videos que se viralizaron en las redes sociales se observa los momentos de angustia que vivieron algunos de los operadores de los buses en medio de los ataques con piedras.

Los bicitaxistas están protestando desde finales de julio luego de que la alcaldesa Claudia López pidiera a las autoridades retirar estos vehículos que operan de manera informal en la capital.

Para la mandataria local este tipo de transporte debe salir de circulación pues es ilegal y, aunque se permitió durante un tiempo con el fin de cubrir necesidades que el sistema de transporte público no atendía, esa situación cambió y por eso deben retirarse.

No obstante, este tipo de vehículos no han sido avalados por el Ministerio de Transporte y desde hace una década las administraciones de Bogotá no han logrado concertar con los bicitaxistas al punto que este tipo de movilidad ha proliferado en la ciudad sin ningún control y ya se cuentan 4.600 de ellos.

Pero además, ya no se trataría de triciclos adaptados para el transporte de pasajeros, sino que evolucionaron hacia automotores eléctricos, pero también que funcionan con gasolina. Del total de los bicitaxis que circulan en la ciudad, al menos 2.354 funcionan con motor, es decir, casi el 51 por ciento.

“No puedes tener un vehículo con motor, a toda velocidad, rodando por andenes y ciclorrutas, porque eso accidenta peatones, biciusuarios, personas mayores, etc. Eso siempre ha estado prohibido. Lo que pasa es que con la pandemia, con la población migrante que llegó, eso ha ido subiendo y tenemos que controlarlo. Entonces es el mototaxismo lo que nunca ha estado permitido y lo que estamos controlando”, declaró la alcaldesa Claudia López.

Una historia de informalidad

Desde el primero de enero de 2014, Gustavo Petro eliminó las zorras y un año atrás, los bicitaxis con motor empezaron a dejar de ser una minoría para convertirse en un problema para los bicitaxis de pedal, cuyos conductores se quejaron de la competencia por múltiples razones.

Cinco años tuvieron que transcurrir para que el Ministerio de Transporte diera vía libre, a través de la Resolución 3256 de 2018, para regularizar este tipo de transporte a nivel nacional. Con esta solución, la Alcaldía de Bogotá firmó en 2019 un estudio por 1.729 millones de pesos para realizar la estructuración técnica, legal y financiera para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros de este tipo de vehículos en la ciudad.

Según la resolución 3256 de 2018, sólo están autorizados para prestar el servicio público de transporte los triciclos o tricimóviles no motorizados o con pedaleo asistido. Por lo tanto, desde que los bicitaxis con motor empezaron a recorrer las calles, el distrito encendió la alarma para regular este servicio.

El papel aguanta todo, por eso, desde entonces no se avanzó en nada. El ministerio no fijó las reglas, incumpliendo el juego para integrar y regularizar los vehículos, que debía entregar el 3 agosto de 2018. “La Secretaría de Movilidad viene adelantando los trabajos que tiene que hacer. El Ministerio debe darnos pautas para tener una forma más organizada de formalizarlos. Por el momento, solo podemos hacer labores de control”, indicó Nicolás Correal, subsecretario de Gestión de la Movilidad.

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