Abortos involuntarios por uso del glifosato, denuncia informe de la Comisión de la Verdad

Las aspersiones aéreas con glifosato, lejos de remediar el problema —al parecer inviable— del narcotráfico en Colombia, ha generado dos grandes consecuencias: la primera, un escalamiento de la violencia que encabezan grupos como el ELN y el Clan del Golfo; y profundos impactos en la salud del medio ambiente y las comunidades, como enfermedades respiratorias y serias afectaciones en el campo sexual y reproductivo. A esa conclusión llegó la Comisión de la Verdad —CEV— en el apartado ‘Hallazgos y recomendaciones’ perteneciente al Informe Final presentado el 29 de junio de 2022.

En ese sentido, la entidad naciente del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc ,sugiere desmilitarizar la respuesta del Estado frente a los cultivos ilícitos, las poblaciones afectadas y los territorios con mayores concentraciones de hoja de coca, “y renunciar definitivamente, sobre la base de la evidencia, a la aspersión con glifosato”.

Al respecto, la misma CEV tomó las recomendaciones de dos informes del Centro de Derechos Reproductivos que detallan, no solo los daños que este herbicida le ha ocasionado a la salud de campesinas y campesinos, sino la expansión de la violencia reproductiva perpetrada por la integrantes de la extinta guerrilla, del Ejército de Liberación Nacional, grupos paramilitares y agentes del Estado.

El primer documento titulado Salud reproductiva y glifosato evidencia la existencia de casos de abortos involuntarios “que fueron resultado de exposiciones de las mujeres embarazadas al glifosato, cuando fue asperjado por agentes estatales”. Además, muestran dos testimonios: el primero es el de Yaneth Valderrama, una mujer que, con cuatro meses de embarazo, fue alcanzada por este químico cuando helicópteros de la Policía Nacional efectuaron labores de fumigación en Caquetá en septiembre de 1998.

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“El 30 de septiembre ingresó al Hospital Departamental María Inmaculada de Florencia presentando manchas en la piel, dificultad para respirar y caminar y un intenso dolor de huesos y músculos entre otros síntomas. Le practicaron un legrado uterino, porque presentaba un aborto incompleto”, detalla el relato de la mujer campesina que murió en 1999 por nueve causas distintas, entre ellas neumonía adquirida en comunidad, neumonía nosocomial, síndrome neurológico piramidal y extrapiramidal.

El segundo caso es el de Doris Alape, quien resultó con afectaciones en su embarazo luego de una fumigación hecha por la Policía Antinarcóticos entre el 15 de abril y el 30 de mayo de 1999: “El viento distribuyó el químico sobre cultivos, fuentes de agua, animales y casas, contaminando la bocatoma del acueducto y enfermando a personas y animales y dañando la cosecha”, detalla el informe. Por lo menos 26 personas bebieron de esta agua con glifosato y ella, al igual que otras mujeres, perdieron sus embarazos.

Consultada por Infobae Colombia, Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, señaló que el informe ‘Salud reproductiva y glifosato en el contexto del conflicto armado’ y las recomendaciones del Informe Final son muestra de que “el glifosato no debería usarse nunca jamás en ningún lugar” y envía un mensaje de exigencia al Estado para que documente estos hechos.

Al respecto, indicó que ojalá, al documentar esos daños se puedan hacer unas políticas de reparación a quienes sufrieron, porque el “Estado se encuentra obligado a conocer cuáles fueron esas afectaciones y repararlas, porque estas son vulneraciones a los derechos humanos”, y manifestó que esos hallazgos — que consideró como “uno de los más importantes” de la CEV— no pueden quedar en la impunidad.

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Desde 1992, el Gobierno de Colombia inició un programa de aspersiones con glifosato a través del Consejo Nacional de Estupefacientes —CNE— para erradicar los cultivos ilícitos en zonas rurales. Se estima que, desde entonces, se ha realizado la aspersión aérea de al menos 1′800.000 hectáreas; sin embargo, por el álgido debate sobre el uso de este químico y las afectaciones ambientales y sobre la salud de personas campesinas, la entidad suspendió su uso mediante la resolución 0006 de 2015.

Actualmente, el programa se encuentra suspendido por orden de la sentencia T-236 de la Corte Constitucional. En el fallo, el alto tribunal le advierte tanto al CNE como a la Autoridad Nacional de Liencias Ambientales —ANLA— que “la reanudación de la actividad está supeditaba a la implementación de un proceso decisorio, participativo, imparcial y riguroso que evalúe los posibles impactos sobre la salud de las personas que habitan la zona asperjada” así como los daños a los ecosistemas.

Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos, sostuvo a Infobae Colombia que el informe no solo señala los abortos involuntarios causados por las aspersiones aéreas, sino “también abortos prenatales y también casos en los cuales se habla de efectos transgeneracionales y que solo se ven en los descendientes de quienes fueron expuestos al glifosato”.

En ese sentido, la experta consultada señaló que, teniendo en cuenta la gravedad de los daños que el químico le hace a las personas y a los ecosistemas, “el Estado colombiano nunca debería volver a una política en la que asperje este herbicida a las personas en zonas rurales”. De hecho, esa es una de las recomendaciones que emite el informe.

Las otras cinco consisten en reconocer, desde el Estado, las violaciones a los derechos reproductivos que causaron las aspersiones; considerar que estos hechos afectaron en mayor medida a mujeres, jóvenes y niñas; dimensionar desde la institucionalidad los daños causados; determinar los mecanismos de reparación de las víctimas y considerar las medidas necesarias “para mejorar el acceso efectivo a información y servicios salud sexual y reproductiva para personas en zonas rurales de Colombia”.

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