JEP citó a Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los Castaño y despojadora de tierras

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, citó a Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los comandantes paramilitares Castaño Gil y desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas, para que rinda su testimonio sobre los hechos de violencia ocurridos en el Urabá antioqueño. En su contra, pesa una condena por despojo de tierras y desplazamiento forzado.

La diligencia fue programada para el 6 y 7 de octubre de 2022 y se da en el marco del Caso 04, que investiga el conflicto ocurrido en la subregión de Urabá. Su testimonio sería clave para conocer la relación del conflicto armado y el accionar paramiltar en esa zona.

En este caso, la Sala de Reconocimiento investiga graves violaciones a los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario en Urabá entre el 1 de enero de 1986 hasta el 1 de diciembre de 2016, cometidas presuntamente por las Farc y la Fuerza Pública. La JEP explicó que la solicitud de sometimiento de Gómez Álvarez no se ha resuelto todavía.

Esto concretamente en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en Antioquia; y en El Carmen del Darién, Riosucio, Ungía y Acandí, en el Chocó.

Los resultados de la investigación arrojaron que Gómez realizó compras masivas de tierras de las cuales habían sido desplazadas forzosamente por lo menos 130 familias en la región conocida como Tulapas. Lo anterior, por medio de Funpazcor, una supuesta fundación de víctimas del conflicto que luego se conoció que funcionaba como fachada para lavar el dinero de los Castaño; funcionarios del Incoder; notarios y las Autodefensas Campesinas de Córdoba.

En su condena se determinó que “fue clave en el proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda esa región, pues fue una emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño, que andaba con dinero en efectivo comprando las tierras que previamente habían sido ocupadas por sujetos armados o sobre las que sus superiores tenían puesta su atención. Por tanto, resulta incuestionable que la acusada estuvo involucrada en la asociación criminal paramilitar que diseñó, planeó y ejecutó el proyecto palmicultor, como la encargada de pagar a las personas que de diversas formas vendían sus propiedades”.

Tanto las víctimas, como los comparecientes y la Procuraduría solicitaron a la JEP que llamara a Gómez Álvarez para que amplíe la información que tenga sobre la forma en la que delinquían los paramilitares de Córdoba y Urabá, teniendo en cuenta que hizo parte del despojo de tierras.

Luis Gustavo Gallo Restrepo, exdirectivo del Fondo Ganadero de Córdoba y organizaciones que representan las víctimas como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Forjando Futuros, estuvieron entre los que pidieron al tribunal que Gómez Álvarez fuera llamada a rendir testimonio.

Sor Teresa era la esposa de Manuel Gil, medio hermano de Carlos y Fidel Castaño, líderes de las AUC, lo que le permitió ver de cerca y actuar dentro de organizaciones ilegales de esas fuerzas armadas, además de ganarse la confianza de los hermanos, principalmente la de Fidel, según un perfil de la mujer en Revista Semana.

La mujer se vio involucrada en casos de extorsión y despojo de tierras de campesinos, sin embargo, el crimen que le significó una condena de 40 años de privación de su libertad fue el asesinato de la lideresa social Yolanda Izquierdo, en 2007.

Izquierdo estuvo denunciando constantemente, luego de la desmovilización de estos grupos armados en 2006, y la muerte de los dos hermanos Castaño, que sus tierras habían sido tomadas por exmilitantes que ahora entraban a ajustar sus cuentas legales con el organismo de Justicia y Paz; alegaba que ella y campesinos despojados de sus propiedades necesitaban respuestas y, principalmente, reparación.

Tras desmovilizarse en 2006, Sor Teresa reapareció en 2020 para pedirle perdón a las víctimas, al que se unió Benito Osorio Villadiero, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba, quien también está condenado por el despojo de tierras a campesinos que fueron amenazados por paramilitares, “cabizbajo, arrepentido y dolido, de corazón con las víctimas de los hechos ocurridos en Tulapas. (...) Pido perdón de corazón como exfuncionario, como colombiano por primera vez ante las víctimas y esta jurisdicción”.

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