Cada tanto vuelve al escenario nacional el tema de las corridas de toros, en algunas partes es más candente que en otras, recientemente se debatió por lo ocurrido en las corralejas del Espinal, Tolima, además que en varios departamentos y municipios están permitidos estos espectáculos; no obstante, en Bogotá está prohibida la ‘fiesta brava’, y es que la capital del país era una de la plazas más importantes para la tauromaquia mundial, por ello, un colectivo está buscando que se revivan los shows mediante una demanda que le puede costar a la ciudad cerca de un billón de pesos.
El caso reseñado se encuentra en la Secretaría Jurídica Distrital, realmente no es solo uno, son varios, pero juntos superan los 950 mil millones de pesos en forma de indemnización por la vulneración de los derechos, tanto de los propietarios bovinos, como de los empresarios y agentes en torno a las corridas.
Aunque hay muchas voces a favor y en contra, por el lado de los que quieren que se mantenga la prohibición se encuentra el distrito, no solo con la administración de Claudia López, desde el periodo de Gustavo Petro que se empezaron con las restricciones, y por la otra parte, particulares y agremiaciones, que además de considerar que se les vulneran sus derechos, se quejan de no tener garantías para llevar un proceso transparente.
Solo por poner un caso, a principios de este año se declaró desierto el proceso para operar la Plaza de Toros La Santamaría, la intención de este proceso licitatorio era que algún privado asumiera la responsabilidad logística con la que se podrían realizar diversos eventos, entre esos las corridas de toros, ya que la Corte Constitucional obligó al distrito que se diera una oportunidad para recibir algún oferente.
“No se presentó ningún privado interesado para la concesión temporal de la Plaza de Toros, el proceso se declaró desierto. Eso quiere decir que no habrá temporada taurina este año en Bogotá. ¡Cada día somos más los que defendemos todas las formas de vida!”, manifestó el IDRD en su cuenta de Twitter.
Pero, esto se produjo por el Acuerdo 767 del 2020, implementado en el Concejo de Bogotá, que busca desincentivar las prácticas taurinas, señalando que, en caso de presentarse los espectáculos, no se podrán usar instrumentos que laceren, mutilen, quemen o lastimen a los animales. Tampoco se podrá matar al toro y dentro del espectáculo se deberá mostrar propaganda que informe sobre el sufrimiento que pueden sufrir estas especies.
Como lo reseña El Espectador, Luis Alfredo Peña, vocero del gremio taurino, desde el 2016 se adelanta un proceso que busca reparar a personas que se dedican a las corridas de toros, y todas las labores que de allí se derivan:
“reparación integral por los daños y perjuicios morales y materiales, así como una indemnización por la vulneración de derecho al trabajo, asociación, expresión artística y la preservación de la cultura taurina”, es parte de la solicitud presentada.
Según estiman, la indemnización superaría los montos de otros pleitos, que se consideran más complicados, y que se tuvieron que pagar. Este sería solo uno de los varios casos que rondan el los juzgados, que de alguna u otra manera buscan reanimar esta práctica, o en últimas, que les respondan, económicamente por el cese de sus actividades.
Por lo pronto, en el país se está buscando ir por las iniciativas que acaben con estos espectáculos, porque el tema ya no es solo con los toros, las peleas de gallos y hasta las cabalgatas se buscan acabar. Este proyecto lo está impulsando la senadora de la Alianza Verde, Andrea Padilla, que el día de la posesión de la actual legislatura, 20 de julio, radicó la iniciativa que busca dejar las prohibiciones dentro de la ley:
“Entre agosto y septiembre radicaremos seis proyectos más ―sobre asuntos como el uso de perros en actividades de seguridad y vigilancia, comercio de animales, tenencia responsable de animales de compañía, educación para la protección animal, reforma a las CAR, entre otros―, y un proyecto de acto legislativo para darle a la protección de los animales rango constitucional y crear una acción de amparo para tutelar su bienestar”, resaltó la congresista.
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