Esta es la reforma a la organización electoral que cuenta con el apoyo de Gobierno, alcaldes y senadores

Entre las diferentes reformas que alista el Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, se busca una sobre la que se ha planteado la necesidad desde hace varios años: la política. Diferentes sectores buscan y claman por unas nuevas reglas para la participación electoral que brinde mayor trasparencia a los ejercicios democráticos.

Los alcaldes, durante la reunión del presidente con los mandatarios de las ciudades capitales, le pidieron a Petro que incluya algunas modificaciones a la política electoral. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales le expuso las solicitudes que han definido para esa normativa.

Entre ellas, solicitaron la armonización de los periodos electorales y los mandatos, con el fin de poder superar, argumentan, el traumatismo que genera la Ley de Garantías, que bloquea recursos y celebración de contratos interadministrativos destinados a proyectos durante el periodo electoral, que dificulta su gestión casi por un año en dos momentos del gobierno.

Los mandatarios de las ciudades capitales también le expusieron al presidente la necesidad revisar la garantía de participación en política, entre lo que piden que se revisen los reglamentos de la revocatorias que, según expresaron, tuvieron que afrontar el 40 % de los mandatarios de ciudades capitales.

El Gobierno nacional también tiene lista la reforma política, según anunció el representante Alirio Uribe. Quien expuso que buscará modificar los artículos 108, 109 y 262 de la Constitución y será presentada a la legislatura, que incluirá financiación estatal, límite a 3 períodos, paridad, democracia interna y listas cerradas.

El artículo 109 de la Constitución se va a modificar para clarificar los porcentajes de la financiación de la campaña, con el objetivo que todos los partidos reciban recursos equitativamente, con topes electorales y anticipos, para que sea preponderantemente estatal.

El 108 para que los partidos que no tengan democracia interna pierdan la personería jurídica. Este artículo establece que es el Consejo Nacional Electoral el que otorga el reconocimiento de personería jurídica a los movimientos y colectivos, por lo que se establecerán requisitos en ese aspecto.

Así mismo, buscan modificar el artículo 262 para establecer listas únicas, paritarias y cerradas, con garantía de democracia para su conformación. Este punto implicaría la eliminación del voto preferente en las elecciones de Senado, Cámara y concejos municipales, para generar igualdad y paridad de género. “Estos puntos van a permitir acabar con la corrupción política en Colombia”, señaló el representante Uribe.

El 8 de agosto, el registrador nacional Alexánder Vega radicó el proyecto de reforma al Código Electoral, que es el mismo que se radicó y aprobó en el 2020, pero que fue tumbado por la Corte Constitucional, y ahora incluye las correcciones que planteó la decisión. Además, aumenta la cuota de género en las listas de los partidos políticos de 30 % a 50 %, extiende la jornada electoral hasta las 5:00 pm. y aumenta el compensatorio por derecho al voto.

Por su parte, el senador Humberto de la Calle también radicó un proyecto de reforma política, que está basado en el cumplimiento del Acuerdo de Paz. En este se plantea la creación de una Corte Electoral y un Consejo Electoral Colombiano como máximo órgano administrativo en esa materia, que funcionaría como una entidad colegiada que fusiones el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Para que el tren ande debemos empezar por la locomotora y no por el vagón. Esta es una visión nueva, que toma experiencias del pasado y que sobre todo corrige lo más importante, la independencia de la organización electoral. El Gobierno se precipitó y empezamos a trabajar al revés (...) Lo institucional debe ser prioridad antes de lo procedimental. Me impresionó que el Código Electoral fuera prioritario, este Código depende una arquitectura como la de nuestro proyecto”, señaló de la Calle.

La Corte Electoral se encargaría de dirimir las controversias como única instancia, acogiendo las funciones de la sección quinta del Consejo de Estado. Esto con el objetivo de generar una visión integral del sistema electoral bajo un nuevo diseño institucional. Además, se busca eliminar la incidencia de los partidos en la elección de los miembros del CNE, establecimiento la carrera administrativa.

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