Chiquita Brands financió con más de 1,7 millones de dólares a 3 bloques de las AUC: Comisión de la Verdad

El capítulo ‘Hasta la guerra tiene límites’ perteneciente al Informe Final entregado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y conocido por el público el pasado 8 de agosto, no solamente detalla las responsabilidades que tienen el Estado colombiano, los grupos paraestatales y las guerrillas en las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante casi 60 años de conflicto; sino que también revela, con testimonios, la manera en que esta guerra interna permeó los sectores políticos, judiciales y empresariales en el país.

Una de esas revelaciones que se muestran en el documento tiene que ver con la multinacional bananera Chiquita Brands y sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. En primera instancia, sobre inicios de los años años 90, la compañía realizaba aportes económicos a la extinta guerrilla de las Farc y el EPL; de hecho, ambas partes “compartían la preocupación por la proliferación de nuevos grupos guerrilleros ávidos de financiación”.

Sin embargo, en 1997 se consolidó una alianza entre esta empresa y las Autodefensas Unidas de Colombia: tras una reunión entre Charles Dennis Escobar, entonces gerente general de Banadex S.A; Reinaldo Escobar, abogado de la misma filial y Carlos Castaño Gil, fue pactada una unión que en principio fue “forjada por constreñimiento” pero que después se fortaleció por las intenciones mutuas de enriquecimiento.

Con este financiamiento a las Autodefensas, se excluyó del beneficio a las guerrillas; de hecho, el informe detalla que en total, Chiquita Brands efectuó un total de 100 pagos de más de 1.7 millones de dólares a los bloques Norte, Bananero y Elmer Cárdenas de este grupo paramilitar, desde 1997 hasta 2004. Esto con el fin de obtener de ellos servicios de ‘seguridad privada’.

En contexto: Según testimonio de exparamilitar, asesor de exfiscal Luis Camilo Osorio recibió 300 mil dólares de las AUC

Con la realización de estos pagos, las AUC pudieron robustecer su pie de fuerza en las zonas bananeras y, de paso, “consolidó y fortaleció operacionalmente al grupo paramilitar para el desarrollo de violaciones de derechos humanos contra la población campesina” como desplazamientos forzados, homicidios, masacres, detenciones arbitrarias y torturas en el Magdalena Medio y Urabá.

Al respecto, Keiser, exdirectivo norteamericano de esta empresa, reconoció en una indagatoria realizada en 2010 en Medellín la realización de los pagos de esta empresa a las Autodefensas y además, precisó que los dineros fueron dirigidos a integrantes que rondaban en el Urabá Antioqueño:

“Para contratar a las Convivir fue en una reunión que se adelantó en Augura (Asociación de Bananeros de Colombia) y que la propuesta era que todos los dueños de las fincas y exportadores de banano debían pagar tres centavos de dólar por caja de banano exportada, y que esta suma la pusieron como parte del presupuesto como un costo de la operación” relató el compareciente en el testimonio que aparece en el capítulo del Informe Final.

Incluso, en toda esta red financiera de los bananeros no solamente beneficiaba a las Convivir, sino que también estos dineros habrían sido aprovechados por las Fuerzas Militares, la Policía y el DAS. Pero a pesar de que los 1.7 millones de dólares fueron entregados para, aparentemente, reforzar la seguridad de Chiquita y sus filiales en Colombia, resultaba que con la plata entregada se sostenían diversas operaciones paramilitares.

Dicha premisa se sustenta en un memorando del abogado Robert Thomas y una reunión sostenida con dos funcionarios de Banadex y el también abogado Reinaldo Escobar, donde se constaba de los pagos hechos a las AUC: “dinero para información sobre operaciones de las guerrillas (money for info on guerrilla movements) y otro tipo de apoyos”.

También se indica que el beneficio directo que tuvo la compañía fue el aumento de sus arcas por el fortalecimiento de la producción bananera “e ingresos a costa de un historial de violencia contra los pobladores rurales de Antioquia y Magdalena”, señala la Comisión de la Verdad.

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